Tras realizar una evaluación del informe financiero del Ayuntamiento de Comondú durante 2017, año en que gobernaba el municipio Francisco “Pancho” Pelayo Covarrubias, del Partido Acción Nacional (PAN), el Congreso del Estado dio a conocer que de 230 observaciones realizadas en una primera instancia a la institución, 59 no fueron satisfechas y suman, en presuntas irregularidades, la cantidad de 25 millones 375 mil 957 pesos con 87 centavos.
En lo que se refiere a egresos, la diputada Marisela Pineda García refirió, entre otras observaciones, que “en algunas contrataciones de bienes y servicios no anexaron los documentos que demuestren los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguran las mejores condiciones de las adquisiciones realizadas”. Asimismo, señaló que “en algunas contrataciones de bienes y servicios no anexaron los contratos correspondientes” y que “en algunas contrataciones de bienes y servicios no remitieron los documentos fiscales y municipales de los proveedores”.
Sobre el ejercicio de obra pública de la administración de Pancho Pelayo, la diputada informó que en la cuenta pública de 2017 “no se presentó el programa de obras públicas, mantenimiento, conservación y reparación de servicios relacionados con las mismas, así como sus respectivos presupuestos”; además de que “se contabilizaron egresos sin presentar el acta de presentación y apertura de proposiciones, el dictamen de fallo, la garantía del anticipo otorgado y la garantía de cumplimiento de contrato”; y “se contabilizaron gastos sin anexar el oficio de autorización de los recursos emitidos por la Tesorería Municipal, el acuerdo de los trabajos por administración directa, la descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, así como el proyecto, los planos, las especificaciones, los programas de ejecución y suministro, el presupuesto correspondiente, los números generadores, los croquis o planos y los reportes de supervisión”.
Finalmente, la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado observó la ejecución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). En este sentido, destacó que “se contabilizaron egresos sin anexar la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción seleccionada para la asignación del contrato, el acta de presentación y apertura de proposiciones, el contrato, la garantía de cumplimiento de contrato [….] ni las notas de bitácora ni el reporte topográfico”. De la misma manera, “se contabilizaron gastos sin presentar el convenio modificatorio por los trabajos adicionales y extraordinarios ejecutados, la notificación del contratista para realizar dichos trabajos y la autorización de la dependencia por escrito”.
Es por esto que el Congreso instruyó a la Auditoria Superior del Estado para que “se ajuste a lo dispuesto en los títulos y capítulos respectivos a Determinación de Daños y Perjuicios y Fincamiento de Responsabilidades, ambos previstos en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, dejando claro que a la administración de Pelayo Covarrubias no se le exime de ninguna responsabilidad administrativa, civil, penal, política o resarcitoria, ni cancela investigaciones que se realicen a futuro.