El Gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, se ha pronunciado de manera contundente en contra de cualquier proyecto que busque privatizar las playas de la entidad, tras la polémica generada por la posible construcción de un muelle en La Posada, ubicada en la colonia El Manglito, en La Paz y que beneficiaría al proyecto inmobiliario de lujo Altamar Residencial.

El mandatario sostuvo que su administración no autorizará obras que simulen o faciliten la privatización de estos espacios públicos.

Además, pidió públicamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que no autorice el uso de suelo en esa zona ni en ninguna otra playa del estado.

El tema cobró relevancia luego de que Narciso Agúndez, titular de la Administración Portuaria Integral (API), mencionara los planes de construcción del muelle.

Agúndez defendió al proyecto inmobiliario afirmando que los representantes del desarrollo habían cometido un error de comunicación al sugerir que los propietarios de las viviendas tendrían acceso a una playa privada.

“Fue un problema de mala comunicación o una estrategia de mercadotecnia errónea. Ellos nunca tuvieron la intención de privatizar la playa”, justificó.

Sin embargo, el Gobernador fue enfático al señalar que ni la API ni el Gobierno del Estado han otorgado concesiones para privatizar ningún espacio costero.

“Es importante mencionar categóricamente que ni la API ni el Gobierno del Estado han cedido este espacio de manera privada. Estamos vigilantes para que esto no suceda”, reiteró.

El proyecto del muelle, que actualmente está bajo análisis de la autoridad ambiental, ha sido descrito como una estructura pequeña, similar a la que se encuentra frente al Hotel Los Arcos, pero incluso de menor tamaño.

Según Agúndez, su propósito sería facilitar el embarque y desembarque seguro de residentes y turistas, contribuyendo al transporte marítimo en la zona.

No obstante, Castro Cosío afirmó que, independientemente de la viabilidad técnica o ambiental que Semarnat determine, no se otorgará ningún permiso para la construcción.

“Por supuesto, el API no va a dar autorización. Le he pedido al director que no permita ninguna construcción, aunque Semarnat diga que es viable. No vamos a permitir despojos, simulaciones ni privatizaciones que afecten el patrimonio de los sudcalifornianos”, concluyó el Gobernador.

Con información de Panorama Informativo