Tecnológico de Monterrey alerta de que la Fiscalía General de la República (FGR) pretende dar “carpetazo” a este caso, en el cual el joven estudiante sudcaliforniano, Javier Arredondo Verdugo, y su compañero Jorge Antonio Mercado Alonso fueron asesinados por militares en un enfrentamiento contra presuntos criminales el 29 de marzo del 2010. Asociaciones y familiares se sumaron a la misiva.
Los casos de Javier y Jorge son el primer caso en ser reconocido como una ejecución extrajudicial por el Gobierno de México. Fue uno de los capítulos más sombríos de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el panista Felipe Calderón o como él mismo consideraba a víctimas civiles de actos violentos: un daño colateral.
En 2019 la Secretaría de Gobernación asumió una responsabilidad histórica al ofrecer disculpas públicas en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey. Pero la institución destaca que, dos años después, no se ha recibido justicia en materia de derecho.
Los familiares de las víctimas, acusaron al Poder Judicial de rezagar la resolución del caso, mientras que la FGR planea desistir en la indagatoria contra integrantes del Ejército por el delito de portación y acopio de armas de fuego, ¿el motivo? van 11 años sin poder comprobarlo.
El Tecnológico de Monterrey publicó un comunicado el pasado jueves 15 de julio del 2021 expresando que llevan 11 años exigiendo justicia por dos de sus estudiantes, remarcaron que Javier y Jorge fueron estudiantes destacados que se preparaban por transformar al país, de igual manera expresaron que esperan que la investigación en búsqueda de la verdad continúe.
“Con respecto a lo que ha trascendido sobre este caso, nos declaramos preocupados por las implicaciones que tendría. Todos estos años hemos expresado nuestra confianza en que se hará justicia; esperamos se informe a las familias involucradas el curso que el proceso judicial estará siguiendo”, expresa la misiva.
La Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) se sumó “a la exigencia para que la FGR no cierre la investigación” en donde se sabe por evidencia directa como videos y testigos presenciales que fueron elementos de las Fuerzas Armadas quienes dieron muerte a los jóvenes estudiantes en las instalaciones de su escuela y quienes días más tarde presentaron los cuerpos como si fueran integrantes del crimen organizado.