Con mensajes a la orilla de la carretera, distintas familias que se dicen despojadas de sus tierras en las inmediaciones de Pichilingue, exigieron el apoyo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)  en relación a demandas por despojo que radican ante las autoridades. Las familias afectadas aseguran ser ignorado por las autoridades para favorecer sus propios intereses

“Sr. Presidente solicitamos su valiosa intervención ya que grupos políticos contrarios a su gobierno apoyan a la familia Mena para despojarnos de terrenos que nuestra familia ha tenido por año”,

se leía en el mensaje que ondeaban al pasado de AMLO hacia el acto oficial en playa Eréndira la tarde del sábado.

Entrevistado en el lugar donde AMLO hizo la entrega oficial de las obras de ampliación de la carrera que une el puerto de Pichilingue con la capital del estado, Mario Benton FIol, uno de los afectados por las obras de la carretera y por el favoritismo de las autoridades hacia quien asegura, ha despojado a la familia .

“Solicitamos la intervención de nuestro presidente para que nos ayude con los juicios legales por la invasión que tenemos en las tierras del cajón de Pichilingue por parte de la familia Mena”,

expresaron los afectados.

El señor Benton indicó que actualmente hay tanto un juicio agrario civil contra esa familia, como un juicio de amparo para buscar recuperar terrenos nacionales concesionados a la familia por décadas que fueron usados para la ampliación carretera.

Sobre este último dijo que el paso de la carretera en su área concesionada, dijo, que las autoridades judiciales “están pidiendo una fianza de 3 millones de pesos para poder dejar el estado como está”

Respecto al juicio agrario el señor Benton lamentó el favoritismo oficial que dificulta la justicia en su caso. Mientras, la invasión continúa  “tenemos una guardia privada con gente que está ahí”. 

“No tenemos la capacidad económica pero tenemos la certeza y la esperanza de que el presidente nos puede ayudar”,

expresó justificando la manifestación.

El señor Benton Fiol dijo que su familia cuenta con un amparo federal que reconoce que las autoridades de la SCT deberían pagarles por la ampliación de la carretera.

“Son terrenos nacionales pero esta gente trata de hacerlos pasar como terrenos de propiedad privada. Con escrituras nulas se realizó un embargo que no tiene validez”, expresó Benton Fiol recordando cómo en 2016 la familia fue desalojada de los terrenos donde se proyectan importante desarrollo inmobiliario denominado Santa Cruz y cuya posesión es atribuida por a Inmobiliaria Turística Salvatierra, S.A. de C.V., empresa que sin duda se beneficiará por la nueva carretera federal gestionada por el gobernador Carlos Mendoza Davis.

“Tenemos la evidencia en la mano, los documentos con las denuncias y todo pero la verdad no camina nada aquí si no hay billete o alguien que te mande de arriba”, finalizó diciendo.

Agregar comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *