La Contraloría Nacional Autónoma del Agua instó a corregir el otorgamiento desmedido de concesiones, el monopolio del recurso hídrico y la transgresión sistemática de los derechos al agua de comunidades indígenas, ejidos y sistemas autogestivos. Para ello, demandó la creación de una nueva Ley General de Aguas que sustituya la actual normativa vigente desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Irregularidades en los permisos

El organismo reconoció el anuncio hecho el 12 de marzo en la conferencia matutina presidencial, en el que el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, informó sobre la detección de 7 mil concesiones irregulares dentro de la primera fase de revisión de 168 mil permisos, en un universo de 580 mil existentes en el país.

Si bien estas concesiones fueron otorgadas para el uso agrícola, la inspección reveló que han sido utilizadas para fines industriales y habitacionales.

Ante este hallazgo, la contraloría —integrada por comunidades, colectivos indígenas, agrupaciones ambientales, académicos y especialistas en ingeniería— señaló que han aportado información adicional para facilitar la revocación o regularización de los permisos fraudulentos.

Protección a los derechos de los pueblos

En el marco del Día Internacional del Agua, conmemorado el 22 de marzo, la contraloría resaltó la relevancia de las modificaciones al Artículo 2 de la Constitución en relación con los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Señalaron que cualquier modificación a la legislación sobre el agua que impacte a las comunidades originarias debe ser sometida a consulta pública en un proceso legislativo transparente.

Asimismo, recalcaron la necesidad de que los sistemas comunitarios de gestión del agua sean reconocidos como entidades de derecho público, lo que les permitiría participar en la planificación urbana y ecológica, así como acceder a recursos estatales y federales.

Contaminación y trasvases

La contraloría también expresó su rechazo a los trasvases, es decir, la transferencia masiva de agua desde territorios rurales e indígenas hacia centros urbanos que no han implementado un manejo eficiente del recurso.

Además, denunciaron la contaminación y el despojo de agua en la Península de Yucatán, donde comunidades enfrentan graves afectaciones derivadas de la presencia de granjas industriales de cerdos y desarrollos inmobiliarios.

También mostraron su inquietud ante los intentos de “sanear” ríos únicamente mediante plantas de tratamiento, sin abordar el origen de la contaminación ni involucrar a los habitantes de las regiones afectadas.

En este sentido, el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés denunció que instituciones como Conagua, Semarnat y Profepa expusieron a 7 mil voluntarios, incluyendo menores de edad, a sustancias tóxicas como plomo, cadmio y arsénico durante una limpieza superficial del Río Atoyac, realizada antes de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum el 22 de marzo.

Fin a la privatización del agua

La contraloría autónoma, con presencia en 15 estados, manifestó su respaldo a las movilizaciones urbanas en Puebla y municipios aledaños, donde la privatización del servicio hídrico desde 2014 ha provocado cortes sistemáticos en el suministro de agua potable y drenaje, administrados por la empresa Concesiones Integrales, que condiciona el acceso al pago puntual de tarifas.

En este contexto, exigieron la desprivatización inmediata del servicio, así como el respeto a los derechos fundamentales de los afectados. También instaron a garantizar la autonomía de los Sistemas Municipales e Intermunicipales de Agua, además del reconocimiento legal de los Comités de Agua y Sistemas Comunitarios en pueblos originarios.

Con información de Lacooperacha.org.mx