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Antes de terminar su administración, el exgobernador Carlos Mendoza Davis aprobó que a través de la Junta Estatal de Caminos (JEC) fuera contratada por FAMTUES SA de CV, una sociedad española acusada de fraude inmobiliario, despojo y lavado de dinero.
El documento con el folio JEC-FAMTUNES-BCS-AD-OBR-04/2021 demuestra que la paraestatal fue contratada para elaborar lo que será el camino de acceso a lo sería el megaproyecto Pindojo, ubicados en el lote L y K de ‘Vinoramas’ con una extensión de 1,333 hectáreas.
Lote L y K son propiedad de INMACOR DESARROLLOS, S. A. DE C. V, misma empresa señalada en un principio por la activista Blanca Pedrín como la culpable del despojo de caminos tradicionales costeros y el daño ambiental en la zona en 2019.
Aunque el contrato tiene tachado los nombres del director general de la JEC, sin embargo, gracias al recibo de anticipo con fecha del 4 de agosto de 2021, se lee el nombre Víctor Manuel Sánchez Abarca, quien asumió el puesto el 2 de febrero de 2021, unos meses antes de terminar la administración. El apoderado legal de FAMTUES SA de CV es Joaquín Armando Sánchez Tapia.
FAMTUES SA de CV solicitó autorización para desmonte de 6,439 hectáreas a la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En la manifestación de impacto ambiental calculó esta acción con un costo en la remoción de la vegetación de 40 millones 350 mil pesos.
Sin embargo, el negocio de destruir ecosistemas le salió barato a la empresa, porque la decidió cobrar la módica cantidad de 9 millones 539 mil 929.27 pesos para desarrollar obras de terracerías, drenaje y señalamiento en los tramos KM 40+215.55 al kilómetro 43+387.01 con una longitud de 3,171.46 metros lineales.
Debemos recordar que, al ser un órgano descentralizado, tiene un Consejo de Administración integrado por un presidente, en este caso, el exgobernador Carlos Mendoza Davis que debió saber sobre esta transacción: ¿sabían del pasado de estas sociedades inmobiliarias investigadas desde 2006 por su fraudulenta manera de especular con el territorio sudcaliforniano?
Grupo Grand Coral
Tanto FAMTUES SA de CV como INMACOR DESARROLLOS, S. A. DE C. V pertenecen a Grupo Grand Coral, tiznada por escándalos de delito de administración desleal por los negocios inmobiliarios, fraude fiscal, destrucción ambiental y lavado de dinero con proyecto inmobiliarios en el caribe mexicano.
La sociedad formada por los españoles Juan Vicente Ferri Guardiola, José Salvador Baldo Llorens y Juan Poch Vives y los bancos Bankia y Caixa Bank o Banco de Valencia orquestaron distintos esquemas de préstamos de créditos, especulación indebida de compra-venta de predios no sólo en Quintana Roo sino en Baja California sur desde 2009.
El 31 de julio de 2018, el Juzgado Central de Instrucción número 003, en Madrid, España, presentó la resolución de las diligencias del proceso 0000118 /2013. El documento contiene un análisis de inversiones millonarias inmobiliarias de 2005 a 2009 entre Bancaja y Banco de Valencia con Grupo Grand Coral (GGC).
Dentro de los tres casos analizados Emerald, Zacatón–Piedra Bola y Vinorama, en el que participaban Perri, Baldó y Poch con entidades financieras.
El 3 de julio de 2017, peritos detectaron “un quebranto económico del 100% de la inversión llevada a cabo por las entidades financieras BANCAJA y BANCO DE VALENCIA en el Grupo Grand Coral, lo que se valora en 750 millones”.
El 12 de octubre de 2007, INMACOR SA de CV, en un principio perteneciente propiedad de Ferri, Baldó y Poch, mediante la matriz VARAMITRA BV y LISMORE BV obtuvo dos préstamos de 21 millones 888 mil 400 dólares y 58 millones 112 mil 600 dólares 80 millones de dólares en créditos de Bancaja Miami para comprar los lotes L y K de la finca ‘Vinoramas’.
Pese a que por dos años no pagaron el préstamo, en 2009 cuando iba a vencer el crédito, altos ejecutivos de Bancaja no ejecutaron la garantía e invirtieron en el proyecto. El 10 de diciembre de 2010, Bancaja Hábita, Bavacun y Deproinmed compraron 160 acciones de VARAMITRA BV a LISMORE que generó una ganancia de 12 millones de dólares.
En la propuesta de inversión realizada el 20 de agosto de 2009, los lotes K y L fueron valorados con base a su potencial de edificación en 326.092.421,44 millones de dólares. La tasación de los predios la realizó un trabajador de Ferri y Baldó, a través de la empresa Alia Tasaciones.
Con esta información, el 17 de diciembre de 2009, el Consejo de Administración de Bancaja Hábitat concedió un préstamo personal de 27 millones de euros. Además, aprobaron un préstamo sindicado por 520 millones a INMOBILAIRIA PIEDRAS BOLAS, y en ésta concentró la deuda del Grupo Grand Coral. El crédito lo otorgaron hasta el 29 de enero de 2010 por parte de Bancaja y Banco de Valencia
Mientras tanto, el 26 de mayo de 2010, se otorgó el dictamen técnico favorable de suelo turístico al predio con clave catastral 4-01-013-0010 de una superficie de 1,332 hectáreas, ubicado en el sitio denominado Pindojo, a nombre de Rodrigo Sierra Belmar, apoderado legal de INMACOR DESARROLLOS SA DE CV.
El 15 de agosto de 2017 se constituye en la Ciudad de México la sociedad FAMTUES SA de CV con un capital de 50 mil pesos. Dos meses después de su creación, el representante legal Joaquín Armando Sánchez Tapia compró los dos predios y con 2 kilómetros de playa a tan solo 10 millones de dólares, muy por debajo de su valor real.
Detrás de FAMTUES SA de CV esta toda esta enredosa historia de especulación. La empresa es la misma que contrató a la Junta Estatal de Caminos durante el gobierno de Carlos Mendoza Davis, y esto nos habla de la cercanía de este tipo megaproyectos con las administraciones estatales de Baja California Sur que, al parecer, no importa las irregularidades que puedan esconder mientras suelten el dinero.