A raíz de las preocupaciones planteadas durante el Primer Parlamento de Mujeres organizado por la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, la Comisión de Igualdad de Género ha presentado una propuesta para garantizar los derechos de las personas cuidadoras y trabajadoras del hogar, reconociendo su labor y asegurando su remuneración, ya que también contribuyen de manera significativa a la vida productiva del país.

Durante una sesión de la Diputación Permanente, la diputada Teresita Valentín, secretaria de la Comisión de Igualdad y en representación de sus homólogas María Luisa Ojeda González, presidenta, y Gabriela Cisneros, secretaria, presentó esta propuesta que incluye reformas a la Constitución del Estado y a diversas leyes estatales, como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Desarrollo Social, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley Orgánica de la Administración Pública.

El objetivo principal de esta iniciativa es garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar y proporcionarles una inclusión en el empleo formal, buscando la igualdad y la eliminación de cualquier forma de discriminación. Se hace hincapié en la importancia de un trabajo conjunto entre el gobierno federal, el sector privado y la sociedad para reconocer la relevancia del trabajo doméstico en la vida diaria y su contribución a la economía del país, promoviendo así tres elementos fundamentales: dignidad, justicia y derechos.

La propuesta incluye reformas al artículo 8 de la Ley de Desarrollo Social, para que los programas y proyectos del Estado en esta materia sean congruentes con los federales y prioricen aspectos como la educación, salud, nutrición, vivienda digna, medio ambiente sano, trabajo digno y bien remunerado, seguridad social, igualdad sin discriminación, entre otros.

Asimismo, se propone añadir una fracción X Bis al artículo 11 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado, garantizando los derechos de las personas que necesitan cuidados y las que ejercen el rol de cuidadoras, a través del reconocimiento, redistribución, reducción, remuneración digna y representación por su contribución a la economía, considerando las relaciones afectivas en el cuidado y en el trabajo de cuidados como generador de bienes y servicios para la producción y reproducción con justicia social.

La iniciativa también busca establecer en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado la elaboración de diagnósticos con perspectiva de género sobre la situación de las comunidades marginadas indígenas y afromexicanas, tanto en áreas rurales como urbanas.

La Mesa Directiva ha turnado esta propuesta a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, de Asuntos Fiscales y Administrativos, de Igualdad de Género y de Desarrollo Social para su análisis y dictaminación, con el objetivo de avanzar en la protección de los derechos de cuidadores y trabajadoras del hogar en Baja California Sur y promover una sociedad más equitativa e inclusiva.