El licenciado José Luis Ramírez Tapia se volvió viral hace unos días, al responder al llamado de su clienta, la empresaria Blanca Noemí Tirado, a quien agentes de la Policía Municipal de La Paz intentaba quitarle un food truck. El bogado llevaba la documentación necesaria para que la retiraran del lugar, pero los uniformados instalaron un retén con el que no lo dejaron pasar. Allí comenzó todo.
Hoy por la mañana, José Luis comunicó que porque no lo dejaron pasar atender el asunto del desalojo del camión de su clienta, interpuso una denuncia como se aprecia en la carpeta LPZ/2675/2020/NUC.
“(…) les comparto que el día de ayer, presenté denuncia en contra del o los funcionarios públicos que resulten responsables por su probable comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, ya que si bien es cierto, el retén que refieren tener en la carretera era para limitar que los ciudadanos acudan a las playas a realizar actividades en donde exista la aglomeración, en este caso, NO ERA esa la finalidad, sino la de acudir al llamado de una persona que solicitaba mi presencia como ABOGADO, lo dejaré a criterio de la fiscalía especializada de DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS”.
Publicó en su cuenta de Facebook.
“No tienes por qué prohibirme el paso, es mi derecho, es libre tránsito”, cuestionaba el ciudadanos a los elementos policiales. Los representantes de las fuerzas de la ley y el orden justificaban la retención asegurando que estaba prohibido ir a la playa, pese a la previa explicación de José Luis.
“Nomas dime una cosa: ¿se está realizando un desalojo en playa Balandra o no?”, increpó de nuevo el molesto ciudadano, ante la prepotencia y falta de criterio de los agentes que justificaban su postura con la estrategia contra el COVID-19.
“No tenemos miedo que grabe, aquí si nadie va pasar a las playas, nadie va a pasar las playas (sic)”, contestó el policía, a pesar de que el “toque de queda” era hasta las 10 de la noche.