Este domingo 15 de marzo el Congreso de Baja California Sur (BCS) inició un nuevo periodo de sesiones. Aunque el tema que sobresale en los encabezados de periódicos alrededor del mundo es la propagación del Covid-19, y a pesar de que se recomendara una distancia prudente entre personas para disminuir la propagación del mismo, en el recinto legislativo sudcaliforniano dicha inauguración se vivió codo a codo: entre manifestaciones, fanfarrias y denuncias.

Por un lado, grupos de personas conformados por líderes de colonias populares aplaudieron a la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) y sus simpatizantes, incluidos funcionarios del Gobierno el Estado, como el secretario de Finanzas y Administración, Isidro Jordán Moyrón; por otro, transportistas agradecidos/comprometidos con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por evitar, en 2019, la aprobación de la Ley de Movilidad propuesta por el gobernador Carlos Mendoza Davis, denunciaban actos de corrupción ante la presunta injerencia del Poder Ejecutivo en el desempeño legislativo del Estado.

Después de que el anterior periodo de sesiones terminara con la separación de Morena y la unión de los partidos aliados al PAN para hacerse de los puestos clave en el parlamento, el nuevo periodo inicia con la reconciliación de Regeneración Nacional y la evidencia de que la anterior presidenta de la Junta de Coordinación Política, Perla Flores Leyva (quien llegara al cargo gracias a la unión conservadora), utilizó fondos públicos para viajar con su familia a París, además de otorgar bases laborales a más de 40 personas sin consultar con el resto del cuerpo legislativo.

La legisladora panista Elizabeth Rocha Torres ofreció un informe de actividades como presidenta de la mesa permanente de sesiones. Cuando esto ocurría, personas que apoyaban a Morena gritaron “¡fuera! ¡fuera el gobernador!”, haciendo alusión a la injerencia de Mendoza Davis en los asuntos del Congreso del Estado, a través de simpatizantes como la propia Rocha Torres. Fue entonces cuando el grupo parlamentario morenista aprovechó para acusar a la panista de organizar un “saqueo” de documentos. La gresca llegó a tal punto, que oficiales de la policía hicieron presencia: aunque no pasó a mayores.

La sesión solemne terminó en medio de la tensión para reanudarse este martes 17 de marzo, cuando el presunto saqueo será uno de los temas principales, así como las medidas a tomar por las restricciones sanitarias derivadas del Covid-19. Con la mayoría de nuevo en la cancha de Morena, se esperan cambios en la estructura del Congreso y su Ley Orgánica, los cuales seguramente darán de qué hablar.