Derivado del incumplimiento a las disposiciones legales respecto de la recepción, administración y ejercicio de recursos públicos, el Congreso del Estado impuso 414 observaciones al ejercicio 2017 del Ayuntamiento de La Paz, correspondiente a la administración del panista Armando Martínez Vega, en las cuales se observa la falta de comprobación financiera por 303 millones 754 mil 234 pesos.
El poder legislativo dio a conocer que las observaciones surgen como resultado de la revisión y fiscalización llevada a cabo por la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, así como de la evaluación del informe anual auditado de esa entidad fiscalizable y del análisis realizado por la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado. De las 414 observaciones, no lograron solventarse 290, y de éstas últimas surge la suma de los más de 300 millones de pesos.
La auditoría realizada al Ayuntamiento de La Paz, explica el Congreso del Estado, tiene el objetivo de verificar que los ingresos de la administración de Martínez Vega se obtuvieron y utilizaron en cumplimiento al presupuesto autorizado, así como a los ordenamientos jurídicos aplicables. De la misma manera, se detalló que el proceso se realizó mediante pruebas selectivas, tomando una muestra de un 80 por ciento, por lo que “existe una base razonable pata sustentar la opinión de la muestra de las operaciones revisadas”.
De las 414 observaciones iniciales, 37 corresponden al rubro de ingresos, 361 a egresos y 16 a obras públicas. Mientras que de las 290 restantes, tras la satisfacción de 124, 20 se refieren a observaciones de ingresos; 258 a observaciones de egresos; y 12 corresponden a obra pública.
Se precisó que en materia de servicios personales, el exalcalde presupuestó un gasto aproximado de 718 millones de pesos, pero gastó casi 740 millones; n lo que se refiere a materiales y suministros, el presupuesto fue de poco más de 73 millones, pero se devengaron casi 131 millones de pesos; en servicios generales se estimó un gasto de 109 millones, pero se gastaron 190; en la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles se planeó un gasto de un millón 270 mil pesos, sin embargo hubo un gasto real de 35 millones; en inversión pública se planificó el egreso de 32.5 millones de pesos, pero casi se alcanzaron los 63 millones de pesos; en lo respectivo a transferencias, asignaciones, subsidios y “otras ayudas”, el Ayuntamiento de La Paz indicó que destinaría 21.5 millones de pesos, cuando en realidad el rubro ascendió a casi 31 millones en egresos; finalmente, en lo referente a recursos destinados a pago de intereses y comisiones, se proyectó el gasto de 28 millones, no obstante la cifra, en este caso, fue menor y apenas llegó a los 26 millones.
El Congreso instruyó por último a la Auditoria Superior del Estado para que “se ajuste a lo dispuesto en los títulos y capítulos respectivos a Determinación de Daños y Perjuicios y Fincamiento de Responsabilidades, ambos previstos en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, dejando claro que el hecho de que la administración de Martínez Vega presentar haya presentado el informe en cuestión “no exime de ninguna responsabilidad administrativa, civil, penal, política o resarcitoria, ni cancela investigaciones que se realicen a futuro”.
Autor: Iván Gaxiola