Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no criminalizar el aborto voluntario, la Secretaría de Gobernación (Segob) ordenó revisar todas y cada una de las acusaciones e investigaciones por casos de aborto en todo el país e informó a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) que existen 7 carpetas de investigación abiertas por este delito solo en Baja California sur.

La dependencia federal informó que tan sólo de enero a julio de este año existen 432 carpetas de investigación abiertas por este delito en 27 estados de la República.

“Las autoridades locales y federales debemos asegurar la no criminalización de las mujeres por el ejercicio de sus derechos sexuales, por lo que deben analizarse todos los casos de personas acusadas por el delito de aborto en todo el país”, estableció, por conducto de la titular de Conavim, Fabiola Alanís Sámano en una comunicación hecha llegar a los informativos del país.

Recordó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomada por unanimidad el pasado 7 de septiembre, determinó como inconstitucionales los códigos penales de las entidades que tipificaban el aborto voluntario como un delito de manera absoluta.

“Ante la postura de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales, las autoridades de los tres niveles de gobierno, las fiscalías y procuradurías, así como los poderes judiciales locales, debemos coadyuvar en el objetivo de evitar cualquier caso en el que se vulneren los derechos de quienes ejercen la decisión de abortar en los casos permitidos”, afirmó al resumir desagregar geográficamente las 432 carpetas, 7 de las cuales se registran en Baja California Sur.

Pero el año pasado se registraron otras 10 carpetas en el estado (Diario El Independiente 22 de diciembre 2020).

La información distribuida por Segob indica que el 8 de septiembre del presente año el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer el acuerdo mediante el cual se definió que el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) brinde asesoría, representación y defensa a toda mujer que sea o haya sido sujeta a procedimiento en su contra por el delito de aborto.

De acuerdo con la Conavim ninguna mujer o persona gestante en el país debe enfrentar un proceso penal por ejercer su derecho al aborto, y el Estado mexicano debe garantizar el acceso a la justicia para quienes hoy están en esa situación, comunicaron haciendo un llamado a las autoridades para que, en el ámbito de sus responsabilidades, se evite la criminazióción y se revise estas carpetas identificaron

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