La Comisión Especial para la Reforma Electoral dio inicio a una consulta pública en los cinco municipios del estado de Baja California Sur. Encabezada por la diputada Marbella González Díaz, esta iniciativa tiene como objetivo principal incluir en el marco legal a grupos sociales que históricamente han sido invisibles en la región.
El pasado 1 de mayo, en la Sala de Comisiones Armando Aguilar Paniagua del Poder Legislativo, la diputada González Díaz se reunió con representantes de comunidades indígenas y afromexicanas en el municipio de La Paz. Durante este encuentro, se anunció el inicio de la consulta pública, en cumplimiento de las disposiciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La Comisión Especial para la Reforma Electoral se trasladará a los municipios de Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos, donde se escucharán las propuestas de las comunidades indígenas y afromexicanas en materia electoral. Este recorrido forma parte de los objetivos planteados al inicio del proceso de reforma, buscando la inclusión de grupos sociales que han sido históricamente marginados en el estado.
Esta consulta pública es la segunda etapa de acercamiento con estas comunidades, habiéndose realizado previamente un diálogo con sus líderes naturales. La importancia de esta consulta radica en registrar el sentir de este sector fundamental de la sociedad, enriqueciendo así el contenido de la futura Ley Electoral de Baja California Sur.
“Cuando iniciamos los trabajos de esta reforma el 8 de agosto del año pasado, establecimos el compromiso con la sociedad sudcaliforniana de escuchar para legislar, y este compromiso lo hemos cumplido puntualmente”, afirmó la diputada González Díaz. “La participación de diversos sectores de nuestra sociedad, incluyendo las comunidades indígenas y afromexicanas, ha enriquecido el contenido de lo que pronto será una Ley Electoral modificada para brindar certeza a los ciudadanos en las elecciones de 2024”, concluyó.
Con este nuevo paso hacia la reforma electoral, el Congreso busca garantizar una mayor inclusión y participación de todos los ciudadanos en el proceso democrático, fortaleciendo así la democracia en el estado de Baja California Sur.