Organización de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el agua de la región, luego del arribo de proyectos inmobiliarios como el de Misión Punta Norte, megaproyecto de Grupo Sinow (Century 21) que recibió el aval del Gobierno de Baja California Sur y del alcalde Rubén Muñoz Álvarez.

Por ello, RED Turismo Sustentable, Ponguinguiola, Sociedad de Historia Natural, Niparajá, Cómo Vamos La Paz, Centro para la Diversidad Biológica, el Colectivo de Académicos Sudcalifornianos, la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), presentaron por segunda ocasión un exhorto al edil paceño donde pide se considere la situación de desabasto de agua que existe en el municipio de La Paz, respecto a los proyectos inmobiliarios que están desarrollándose en la ciudad.

Antes de avanzar con la construcción de nuevos proyectos inmobiliarios en La Paz es necesario que se conozca si existe la capacidad para hacer frente a la demanda de servicios como la energía eléctrica y el agua. El acuífero de La Paz, la fuente principal del recurso hídrico se encuentra sobreexplotado, por lo que desde hace tiempo nos enfrentamos a un desabasto. Además, con el aumento de las temperaturas y la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, la demanda de agua se ha incrementado, agudizando el problema de abastecimiento.

“Es preocupante que se continúe con la aprobación de proyectos inmobiliarios, incluida la oferta de miles de lotes residenciales, cuando la administración pública no está en posibilidades de asegurar el abastecimiento de servicios como la electricidad no contaminante, manejo de residuos y sobre todo el agua a toda la población de la capital sudcaliforniana. Es importante que, en caso de que el Ayuntamiento tenga un plan para hacer frente a los costos que implican estos proyectos, éste se dé a conocer”, señaló Mario Sánchez, director de la Oficina Regional Noroeste del CEMDA.

En 2019, la Universidad Autónoma de Madrid estimó que se necesitan alrededor de 500 mil litros de agua por cada 100 metros cuadrados de construcción de residenciales[2], tomando esta cifra, podemos calcular que para construir las 200 hectáreas que abarca el megaproyecto Misión Punta Norte con más de 4,600 lotes residenciales, podrían requerirse aproximadamente 100 mil millones de litros de agua, lo suficiente para llenar 40 albercas olímpicas o cubrir el consumo de los habitantes de La Paz por poco más de dos días.

Situaciones como el aumento de la población, la baja recarga de agua y la falta de una gestión adecuada, han generado una fuerte presión a nuestra única fuente de este recurso, tan sólo en los últimos cinco años los habitantes han incrementado en al menos un 15%, generando más consumo del vital líquido, dejando al acuífero de La Paz en números rojos.

Es necesario que antes de continuar promoviendo proyectos inmobiliarios y turísticos, se desarrolle un plan que garantice el acceso al agua a toda la población. En La Paz casi el 4% de las viviendas no se encuentran conectadas a la red de agua potable[3], para otros casos el suministro es por tandeos o la presión es tan baja que el servicio es proporcionado a través de pipas[4]

“El desarrollo y el crecimiento de La Paz debe ser ordenado, planificado y orientado a mejorar la calidad de vida de los habitantes, sin comprometer los recursos ni el bienestar de las personas. Es indispensable que se considere el déficit en la disponibilidad de agua y el desabasto energético que estamos viviendo, por lo que hacemos un nuevo llamado al alcalde del municipio de La Paz y a los miembros del cabildo a que se atiendan las inquietudes manifestadas, expresó Alejandra Campos, Coordinadora del Programa Agua y Ciudad de Niparajá”

Si la demanda sigue aumentando, sin que se realicen acciones que reviertan el déficit, disminuirá cada vez más la disponibilidad del recurso hídrico. El derecho al agua es un derecho humano, por lo tanto, el acceso debe estar garantizado para todos, sobre todo en estos tiempos en los que atravesamos la pandemia por COVID19.

Cabe señalar que en febrero pasado, las organizaciones presentaron una comunicación con el objetivo de generar un diálogo con las autoridades correspondientes y que se diera certidumbre a las inquietudes antes indicadas[5]. Se obtuvo respuesta por parte del Regidor José María Avilés Castro, quien convocó a una reunión que se llevó a cabo el 10 de marzo de 2020 entre las organizaciones ambientalistas y las instancias responsables de los servicios públicos, sin embargo, hasta la fecha no ha habido respuesta por parte del presidente municipal.