El Congreso del Estado dio a conocer que, tras realizar una auditoría a la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Los Cabos durante el Ejercicio Fiscal de 2017, correspondiente a la administración del exalcalde panista Arturo de la Rosa Escalante, encontró irregularidades financieras por 1,295 millones 822 mil 384 pesos con 70 centavos, acumulados en 573 observaciones no solventadas.
La auditoría determinó que el total de los egresos presupuestados por la administración de Arturo de la Rosa durante el ejercicio fiscal 2017 fue de 1,470 millones 877 mil 963 pesos, importe que al ser comprado con el total real de egresos, por la cantidad de 2 mil 279 millones 648 mil 444 pesos, reveló un sobreejercicio 818 millones 770 mil 481, es decir, 56 por ciento más de lo presupuestado.
Asimismo, el Congreso del Estado detectó recibos oficiales que fueron cancelados sin justificación; pólizas sin recibos comprobatorios; descuentos discrecionales en recargos por Impuesto Predial e Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles; cobros sin proporcionar los elementos para el cálculo, como el fundamento, base y tasa, correspondientes para su revisión; observó que en la partida por el concepto de Zona Federal Marítima Terrestre (Zofemat), se realizaron descuentos por el concepto de multas, no anexando los documentos que dieron origen al descuento correspondiente; en los convenios celebrados con los contribuyentes, no se llevó un control puntual; y en el caso de ingresos por Aportaciones Federales y Estatales, no se elaboraron recibos oficiales y no se anexaron a la glosa mensual de la Cuenta Pública.
En el caso específico de egresos, el poder legislativo dio a conocer que los estados de información Financiera y Presupuestales presentados dentro de la Cuenta Pública “no fueron confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables”. Además, se realizaron cancelaciones de registros contables sin remitir documentación justificativa; y en la verificación de las nóminas se detectaron diferencias significativas entre los registros contables y los documentales, así como la ausencia de firmas de presuntos trabajadores. La administración de De la Rosa Escalante, continúa el informe del Congreso del Estado, realizó contrataciones de servicios sin anexar el convenio formalizado; no pagó obligaciones en tiempo y forma, generando actualizaciones y recargos; en algunas compras de materiales y suministros no anexó las notas de entradas y salidas de almacén, y cuando debía comprobarse la distribución de combustible, no agregó las bitácoras correspondientes.
Por si fuera poco, ese mismo año, 2017, según la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, la administración De la Rosa hizo gastos de orden social sin anexar evidencia de los eventos realizados y pagó finiquitos a empleados sin anexar el alta y baja del trabajador ni el documento justificativo; otorgó apoyos económicos a personas y a instituciones sin remitir los lineamientos o reglas de operación ni la documentación comprobatoria y justificativa; no presentó nueve cuentas públicas mensuales dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que concluye el periodo de referencia; no presentó programa ni presupuesto anual de obras públicas, mantenimiento, conservación y servicios; en algunas pólizas, contabilizó egresos sin anexar el comprobante fiscal ni la documentación justificativa correspondiente; efectuó pagos de anticipos otorgados para el inicio de obras actas de presentación y apertura de proposiciones, dictamen de fallo ni garantía de cumplimiento de contrato; y al hacer uso de recursos del Fondo Para la Estructura Social Municipal (FISM), realizó egresos sin anexar el comprobante fiscal ni la documentación justificativa correspondiente.
Debido a lo anterior, el Congreso instruyó a la Auditoria Superior del Estado para que “se ajuste a lo dispuesto en los títulos y capítulos respectivos a Determinación de Daños y Perjuicios y Fincamiento de Responsabilidades, ambos previstos en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, dejando claro que a la administración De la Rosa no se le exime de ninguna responsabilidad administrativa, civil, penal, política o resarcitoria, ni cancela investigaciones que se realicen a futuro.