La propuesta buscará fortalecer la labor legislativa, mejorando la eficiencia y la calidad de los trabajos realizados en el Congreso local.

La Paz, Baja California Sur.- En busca de mejorar la eficiencia en la función legislativa, la diputada María Guadalupe Moreno Higuera del partido Morena ha presentado una propuesta de modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California Sur. La iniciativa busca la incorporación de Secretarios Técnicos y Secretarias Técnicas, así como asesores parlamentarios y asesoras parlamentarias en las comisiones parlamentarias.

Según la propuesta, las Secretarías Técnicas serían autorizadas por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos humanos, el perfil profesional y los conocimientos necesarios para cada comisión. La diputada propone que el Instituto de Estudios Legislativos (IEL) sea el encargado de proponer a la Junta de Gobierno y Coordinación Política a los secretarios técnicos de cada comisión.

María Guadalupe Moreno Higuera enfatiza que los Secretarios Técnicos actuarían como asesores institucionales, sin depender de ninguna persona o partido político, y tendrían una permanencia en el Congreso basada en la necesidad del mismo y en su habilidad y aptitud profesional.

La propuesta incluye modificaciones a varios artículos de la Ley Orgánica, formalizando funciones específicas para los secretarios técnicos, como la colaboración en el despacho de expedientes, la asesoría técnica a través del IEL, y la participación en trabajos de investigación. También se establece su colaboración en la elaboración de iniciativas, dictámenes y proyectos, así como su apoyo a la Mesa Directiva, la Diputación Permanente y las comisiones.

En relación con los dictámenes, la propuesta especifica que estos serían actos legislativos colegiados manifestados mediante una resolución acordada por mayoría o unanimidad, con la participación de los secretarios técnicos, quienes presentarían una opinión técnica calificada por escrito ante la Asamblea.

La iniciativa ha sido turnada a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación, donde se evaluará su viabilidad y se tomarán decisiones respecto a su implementación.