Durante el foro que organizó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el nuevo encargado de esta dependencia en el estado, Jesús Echevarría Haro, presentó una ponencia donde exhibió la incompatibilidad de las actividades mineras con los objetivos de las áreas naturales bajo la protección del el Estado Mexicano.

Esta semana trascendió el nombramiento del ahora funcionario y conocido activista quien ha participado activamente en el Frente Ciudadano en Defensa por el Agua y la Vida, así como en el Colectivo de Académicos Sudcalifornianos, desde donde ha denunciado diversas irregularidades en la aplicación de la política ambiental mexicana en Baja California Sur.

“En Baja California Sur, la sociedad hemos podido inducir a la reflexión, al análisis y a la participación social para rechazar ese tipo de proyectos, la parte que se nos dificultó en un principio […], nos acusaban de antimineros, y me parece que no es el calificativo o la descripción de que las personas que estamos en contra de este tipo de actividad es por estar en contra de la minería”, expresó frente a académicos y funcionarios de la dependencia federal.

Durante el foro, transmitido en vivo por la plataforma oficial de SEMARNAT, Echevarría Haro expresó que “la mayoría de los movimientos sociales que están en contra de este tipo de minería no es por la actividad económica per se sino la defensa del agua como un derecho inherentemente humano”.

“Se le está negando a los ecosistemas, que requieren un caudal ecológico aceptable”, reconoció.

Planteó que la sociedad sudcaliforniana se ha convencido “de incorporarse y participar en la lucha por estos proyectos minero es que no era contra la minería, era en defensa del agua”.

Otro factor que destacó crucial en términos de la minería era el aspecto energético.

Advertir a la población acerca de la contaminación y el daño que produce esta actividad y la mega minería en los ecosistemas en lo general y de las Áreas Naturales Protegidas en particular.

“La figura de las Áreas Naturales Protegidas, como instrumento de conservación del ambiente es incompatible con la minería a tajo abierto”, sentenció al presentar los objetivos de su ponencia a través de la cual sustentó el marco jurídico-normativo que plantea dicha incompatibilidad.

Además, expuso que hay deuda de las instituciones mexicanas por “obsequiar una propuesta de reforma legislativa para prohibir la minería a cielo abierto en Áreas Naturales Protegidas”.