Luego de que las diputadas Teresita de Jesús Valentín Vázquez y Gabriela Cisneros Ruiz presentaran una iniciativa para que ni los agresores ni deudores alimentarios ocupen un cargo de toma de decisiones, que no accedan a ninguna función Pública o responsabilidad en el ámbito Legislativo, Ejecutivo o Judicial, la de Red de Mujeres Parlamentarias (RMP) de BCS se ha manifestado en contra de ella –la llamada Ley 3 de 3.

La cuestión no es que la Red de Mujeres Parlamentarias esté en contra del contenido de dicha iniciativa, sino que reclaman que esa Ley posterga otra Ley con prácticamente el mismo contenido y que fue aprobada en septiembre de 2021.

Según la RMP, la aprobación de la iniciativa de las diputadas Valentín Vázquez y Cisneros Ruiz podría dilatarse hasta después de las elecciones de 2024, lo cual anularía el efecto de que no sean elegidos para cargos públicos los agresores ni deudores alimentarios.

Aunque, a lo anterior, las diputadas en mención comentaron que esa afirmación no era cierta, por el contrario, “esta iniciativa pretende que la ley 3 de 3 llegue a buen puerto para los próximos comicios, y poder asegurar que estos agresores […] no estén en un cargo público”.

La Red de Mujeres Parlamentarias se manifestaron entonces en contra de la iniciativa de las diputadas, y consideran que borra el avance de la Ley 3 de 3 logrado en la pasada legislatura.

«Con esta nueva propuesta de las diputadas Valentín y Cisneros, se posterga inmediatamente la protección que el Estado tiene obligación de garantizar a todas las mujeres en todos los espacios, en particular de opresores en puestos de poder», señalaron las integrantes de la Red de Mujeres Parlamentarias.

Como argumento, sostienen que desde septiembre de 2021 está el Decreto 2774 que contiene la aprobación de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, resaltando lo referente a que tanto agresores como deudores alimentarios no ocuparán cargos públicos.

Por lo tanto ¿qué pasaría si la aprobación de la iniciativa de las diputadas de esta legislación se deja reposar hasta pasadas las elecciones de 2024 y se eligen en dichas elecciones tanto a agresores como deudores alimentarios.

Es precisamente por la anterior pregunta por lo que se manifiestan las integrantes de la Red de Mujeres Parlamentarias de BCS.

Lo que propone la Red de Mujeres parlamentarias es que diputadas y diputados continúen con el proceso legislativo y se envíe al gobernador del estado el Decreto 2774 para que se publique y se haga efectivo de una vez por todas. Con ello se evita el peligro de que ocupen cargos públicos los agresores y deudores alimentarios en las próximas elecciones.

Este proceso, a decir de la Red de Mujeres Parlamentarias, debería realizarse ya, tomando en cuenta que se debe considerar un periodo de 90 días antes de que inicie el próximo proceso electoral. Por lo que no debería demorarse más.

Recordaron las palabras del gobernador Víctor Castro Cosío en la Cruzada contra las Violencias de Género del pasado 28 de enero, con las que manifestó su convicción de publicar dicho Decreto 2774– por lo que sería innecesaria la revisión de la iniciativa presentada por las diputadas.