Desde 2018 y más tarde en 2019, trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Baja California Sur denunciaron sobre el ambiente de hostigamiento y acoso laboral que vivían al trabajar bajo el mando del magistrado Jorge Dionisio Guzmán González, adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto circuito, en La Paz.

Una de las principales denuncias por “mobbing” en su contra ha sido encabezada por la funcionaria pública Altagracia Rodríguez Cuevas, quien debió ser reinstalada en su puesto de Secretaria de Tribunal luego de la ejecución de una sentencia dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal donde se reconoció que el magistrado había incurrido en actos de acoso laboral reiterado. 

A pesar del fallo a su favor y conociendo la situación laboral bajo la que se encontraba Altagracia previo a la denuncia, fue reinstalada en octubre de 2020 en el mismo magistrado en el cual su ofensor es titular y donde ha vuelto a sufrir, según declara, violencia, acoso y ahora represalias por la reinstalación que fue dictada en el pleno. 

“Fui reinstalada en mi puesto sin tomar ninguna medida precautoria para evitar que siguiera siendo violentada en mis derechos humanos y laborales”.

En fechas recientes, la Sra. Urias ha manifestado que el Magistrado Guzmán González ha generado disparidades entre ella y los otros secretarios adscritos a la ponencia, asignándole de manera intencional los expedientes con mayor carga de trabajo, mismos que cuentan con cortas fechas de entrega; negándole la asistencia de oficiales judiciales que la asistan; y obligándola a extender sus jornadas laborales hasta a 12 horas por día. 

De igual forma, la afectada acusó que Guzmán González le negó días económicos solicitados con antelación para cuidar a su madre pronta a fallecer y relata que fue hostigada hasta en el domicilio de su madre mientras se hacía cargo de ella y atendía, en un día no laboral, a las solicitudes que el magistrado hacía de manera reiterada a través de su secretaria y un actuario del tribunal y obligándola a presentarse en su lugar de trabajo.

La actual Secretaria del Tribunal presentó en noviembre del año pasado 14 pruebas documentales que demuestran los hechos por los que ha acusado al magistrado y en enero de este año hizo la formal petición al Consejo para que tomara medidas urgentes y evitar que se siguieran transgrediendo  sus derechos humanos y laborales, sin que hasta ahora se cuente con una respuesta que ponga un alto a los abusos del magistrado. 

Otros miembros de esta ponencia han denunciado también actos de abuso de autoridad que Guzmán González comete en contra de sus subordinados y la arbitrariedad con la que obliga a personal no capacitado a desempeñar acciones de gran importancia para la impartición de justicia en el estado. Hasta la fecha, ninguna de estas denuncias ha recibido respuesta por parte del Consejo de la Judicatura Federal. 

En México, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 74% del acoso laboral o “mobbing” es generado por los jefes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) la violencia laboral tiene grandes costos pues tan solo durante el primer trimestre de 2019 fue causa de renuncia para 23,542 personas y es un número que sigue en aumento