El director de la Administración Portuaria Integral del estado (API-BCS), Narciso Agúndez Gómez, aseguró que el contrato de cesión parcial de derechos con el que cuenta Aquamayan S.A. de C.V en el puerto de Pichilingue tiene una fecha límite para iniciar los trabajos de la construcción planteada en su proyecto de ampliación, que sería hasta el mes de agosto de 2022.

El incumplimiento en esa fecha sería motivo de multa, según el comentario del director. A este respecto, el contrato menciona una serie de multas por diversos motivos, como el uso del puerto distinto al señalado en el contrato, por presentación de documentos falsos, porque no se mantenga el capital mínimo estipulado, por alterar la forma de la instalación convenida, por no dar mantenimiento a la instalación, por no mantener en vigor pólizas de seguro ni la garantía de cumplimiento, por no acatar exhortos del Comité de Operación, o por no cumplir compromisos de instalación en monto y plazos definidos.

En cuanto a la póliza de fianza, en caso de incumplimiento de Aquamayan, API-BCS contaría a su favor con un monto de 26 millones 370 mil pesos, equivalentes al 7.5 por ciento de la inversión comprometida por la empresa promovente, según la póliza de fianza emitida por la empresa SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A. con número de fianza 2496799.

Esta fianza «No será cancelada si no median instrucciones expresas y escritas de la APIBCS, las cuales no se emitirán si no se han cumplido cabalmente todas las obligaciones a cargo del cesionario», suscribe el documento.

Como se sabe, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fue notificada por Aquamayan de su desistimiento de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto «Ampliación de Muelle API-BCS Puerto Pichilingue», aunque Aquamayan, según reconoció el director de API-BCS, «podrán tener la opción de presentar la manifestación ya bien fundamentada, pero si se les cumple el tiempo que entiendo es hasta agosto de este año y si no hay acercamiento por parte de ellos se puede vencer el contrato y creo que son sujetos hasta multas por incumplimiento».

La empresa ya pagó 40 millones de anticipo a la paraestatal, no reembolsables.

Cabe recordar que el contrato de cesión parcial entre API-BCS y Aquamayan tiene una vigencia de 25 años con posibilidad de ampliación de 20 años más, durante los cuales el CONCESIONARIO, Aquamayan, debe estar al corriente de todos los pagos y adeudos.

Para la TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO sin que haya responsabilidad para ninguna de las partes, deberá darse uno u otro caso de los siguientes:

I.Si después de la fecha de firma de este contrato el CESIONARIO, por causas que no le resulten imputables, no obtuviere las autorizaciones o permisos emitidos por la autoridad gubernamental; o

II.Por caso fortuito o fuerza mayor que ocurra durante la construcción u operación de la INSTALACIÓN, siempre que el caso del que se trate resulte insuperable para la consecución de los trabajos o para la prestación de los servicios en la INSTALACIÓN o que obligue a suspenderlos por más de 3 (tres) meses u ocasione pérdidas económicas al CESIONARIO que, con la acreditación debida, haga inviable financieramente la instalación.

Se lee en el apartado XV, De la vigencia y terminación del contrato de cesión parcial de derechos, registrado bajo el número APIBCS01-086/21.