Al parecer no existen denuncias formales por temor a represalias, pero los habitantes dicen saber que el crimen sucede a pesar del conocimiento de las autoridades estatales. Por lo que intentarán que la situación se conozca a nivel nacional.

Todo indica que los sermones del obispo de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz, respecto al cobro de piso, amenazas y extorsión a comerciantes y pescadores de varias zonas del estados, como Puerto San Carlos, no estaban para nada infundados. Seminario Zeta presentó un reportaje titulado “La pesca en manos del narco“, en el que dio información sobre la preocupante situación.

Delincuentes organizados vinculados a «El Tiburón» operarían en Comondú, mediante una estructura de guaterismo. Agentes de Seguridad Pública lograron identificar a quienes controlan la compra y venta de insumos, alcohol y tabaco, pesca y hasta los pesos de los productos del mar.

No se trata de una extorsión a grandes comerciantes solamente, también a los pescadores y sus familias, a quienes les cobran un porcentaje de venta o los obligan a malbaratar su mercancía, desde camarón, abulón, pepino de mar, almeja generosa y langosta. La población conoce y padece la atmósfera que se vive en San Carlos y se ha visto lastimada por casos concretos de levantones, asesinatos y castigos («tablear») a quienes se resisten a las injustas condiciones del crimen organizado.

Aunque la violencia generalizada en Baja California explotó desde hace unos años, en 2020 ésta se acentuó en Puerto San Carlos, representada en los abusos a los que son sometidos. Como elementos propicios para el accionar del crimen, ha sido la pandemia y la impunidad, permitiendo a la célula criminal controlar la venta de cerveza, los horarios, venta de tabaco y otros insumos.

Es probable que no existan denuncias formales por temor a represalias, pero los habitantes dicen saber que el crimen sucede a pesar del conocimiento de las autoridades estatales. Por lo que intentarán que la situación se conozca a nivel nacional.

Elementos de la Secretaría de Marina y Armada de México han declarado haber tenido enfrentamientos con pescadores furtivos, en los que hubo detonaciones de arma de fuego. Y dicen manejar actualmente el tema de manera interinstitucional, con Sedena, Marina, Capitanía de Puerto, Sepada, Conapesca, Fonmar, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, es decir un ejército con varios frentes en un poblado que en 2020 tenía apenas 5742 habitantes, y 73 mil en todo el municipio.

Como consecuencia de este despliegue de instituciones, ha habido detenidos: una lancha con cinco pescadores furtivos el 23 de enero del presente, según confirmó Martín Inzunza Tamayo, director del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar).

Al parecer, el cobro de piso y extorsión tiene un sofisticado mecanismo a pesar de lo pequeña que es la comunidad; un mecanismo sustentado por la amenaza, al menos en lo que concierne a los criminales. Por ejemplo, para que un pescador y comerciante pueda «sacarle algo» al trabajo que realiza todos los días, no le es suficiente con lo que pesca para vender, sino que a su vez tiene que comprar a quienes controlan el producto y luego revenderlo a los compradores que, bajo estos supuestos, no tendrían contacto con los criminales.

Estos pescadores declaran ser vigilados desde su salida al mar y que cuando vuelven los espera un elemento del grupo que hace el registro de la cantidad recabada durante la jornada.

Reportaje completo de Semanario Zeta AQUÍ