Con carácter de “inmediato”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó al gobernador de Baja California Sur (BCS), Carlos Mendoza Davis, publicar todo decreto aprobado por el Congreso del Estado, luego de que el mandatario se negara explícitamente a hacerlo, así como ordenarle abstenerse de obstaculizar las cuentas bancarias del Poder Legislativo.

Cabe recordar que el gobernador de BCS justificó la suspensión de ministraciones al Congreso del Estado, así como la publicación de sus acuerdos, a raíz de que una pugna entre el grupo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el bloque multipartidista, al que pertenecen sus allegados, conformado por PRI, PAN, PRD y partidos locales, asegurando que tal conflicto significaba ingobernabilidad, hecho que le impedía continuar relaciones administrativas con el Poder Legislativo en tanto no se tuviera una solución.

Como respuesta a la controversia constitucional 63/2020, promovida por el Congreso del Estado, la SCJN consideró que las atribuciones que se tomó Mendoza Davis para condicionar la publicación de acuerdos legislativos son “constitucionalmente inexistentes”.

En la controversia 64/2020, por otra parte, se ordenó, tanto a Mendoza Davis como a Isidro Jordán Moyrón, secretario de Finanzas y Administración de BCS, no “retener, emitir y, en su caso, ejecutar” cualquier orden que tenga como fin “interrumpir, afectar o suspender” el presupuesto del Congreso del Estado.

Ambos funcionarios deberán contestar con su versión y pruebas sobre los actos impugnados en un plazo de 30 días hábiles;, de no hacerlo, las notificaciones subsecuentes se realizarán “por lista”, hasta en tanto cumplan.