En un esfuerzo por fortalecer la protección de los derechos y el patrimonio de las personas adultas mayores, la Diputada María Luisa Trejo Piñuelas del partido Morena ha presentado una propuesta de adiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado. El propósito principal de esta iniciativa es garantizar que las autoridades competentes apliquen medidas precautorias y de protección en favor de este grupo demográfico.

La Diputada Trejo Piñuelas resaltó que a nivel internacional, las personas adultas mayores a menudo se encuentran en una situación de desventaja y vulnerabilidad en lo que respecta a sus derechos humanos. Por lo tanto, es esencial que tanto los Estados, la sociedad civil como los organismos internacionales presten atención especial a este grupo de la población.

La propuesta de la legisladora de Morena se centra en el fortalecimiento del marco jurídico de las personas adultas mayores, garantizando su acceso pleno a la justicia en condiciones de igualdad. En este sentido, la iniciativa busca incluir en la ley la obligación de proteger tanto la integridad como el patrimonio de las personas adultas mayores, sin importar su sexo. Esto se lograría mediante la aplicación de medidas precautorias y de protección de acuerdo con lo que establecen las leyes.

Un aspecto clave de esta propuesta es la disposición que establece que cualquier persona, institución o autoridad que tenga conocimiento de una acción, omisión, situación o hecho que vulnere o pueda vulnerar los derechos de una persona mayor, debe denunciarlo sin necesidad de formalidades ante las autoridades competentes. Esto subraya la importancia de la participación activa de la sociedad en la protección de los derechos de las personas adultas mayores.

En resumen, la propuesta de la Diputada María Luisa Trejo Piñuelas tiene como objetivo fortalecer la protección legal de las personas adultas mayores, asegurando que se apliquen medidas de precaución y protección en su beneficio. La iniciativa ha sido remitida a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad para su revisión y consideración. Este paso representa un avance significativo en la lucha por los derechos de las personas adultas mayores y su bienestar en la sociedad.