Puede ser que los datos que da el Gobierno Federal no sean los más exactos, esto a razón de las omisiones, la falta de seguimiento, la tenacidad de las autoridades por minimizar e intentar ocultar el tema por muchos años, aún así, grupos, colectivos, asociaciones, ONG´s y familiares llevan sus registros y sus propias búsquedas, pero, las cifras son difíciles de empatar con las que manejan las autoridades.
La desaparición forzada de personas es considerada como un crimen de lesa humanidad y se define como un mecanismo institucionalizado desde el poder para privar a una persona de su libertad, ocultarla y negar cualquier información sobre su paradero. De esta manera son violentados sus derechos a la libertad, al reconocimiento de su personalidad jurídica y a la integridad personal, a la vez que pone en peligro el derecho humano primordial; el derecho a la vida.
En México, la desaparición forzada es un platillo que se consume todos los días, nadie se salva, no importa el estatus social, clase, color de piel, etc. El caso más lacerante e indignante puede ser el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero la realidad es que cada desaparecido es doloroso para alguien, un familiar, un amigo.
Las historias sobre desaparecidos sobran.
El regreso del infierno mexicano: los desaparecidos que están vivos
El cartel les ofreció un trabajo con engaños, pero los esclavizó y los retiene a la fuerza. Hoy forman parte de los ejércitos del crimen organizado. Están vivos, pero están desaparecidos. Uno de los supervivientes relata sus días en el infierno.
El País.
En Baja California Sur, los legisladores de las Comisiones permanentes de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas y de Seguridad Pública se reunieron con el “Colectivo Sin Ellos No” y familiares de desaparecidos para presentarles la iniciativa de la Ley en Materia de de Desaparición Forzada de Personas para el estado, pero sobre todo lo relacionado con la participación de los familiares en el Consejo Estatal Ciudadano, concebido, precisamente, para que los familiares garanticen su participación, tanto en las actividades de búsqueda de personas, pero también, para dar seguimiento a las actividades de investigación y sobre todo de sanción a los responsables.
La Iniciativa propuesta permite que los derechos de las víctimas y sus familiares y las instancias de procuración de justicia del estado y los municipios se integren al Sistema Nacional de Búsqueda, para lograr encontrar a las personas desaparecidas.