Daniela Reyes

Existe una situación de precarización laboral hacia el personal médico en México innegable, principalmente hacia quienes se encuentran en el primer nivel de atención. Recientemente el abuso sexual hacia una médica durante su ejercicio profesional en La Paz, ha cimbrado a las sociedad sudcaliforniana y ha generado diversas reflexiones porque es un claro ejemplo de la combinación entre la injusticia laboral y la violencia de género, ya que dejó en evidencia que las condiciones de vulnerabilidad laboral, aumenta los riesgos y genera condiciones para la violencia de género.

La teoría feminista, que es una teoría crítica de la sociedad, permite ver cosas que otros no percibirían a primera vista, donde unos pueden ver un delito “fuera de lo común”, otras vemos la feminización de la pobreza, la normalización y justificación de la violencia, explotación y desigualdad, en la que el género no puede pasar desapercibido.

El patriarcado se ha desplegado de múltiples formas, lo que ha provocado relaciones de subordinación que llevan a desequilibrios y jerarquización de las relaciones entre ambos sexos, entre sexos y entre lo humano y la vida. No es lo mismo que, en este caso, la médica sea más susceptible a experimentar violencia sexual que sus compañeros médicos, quienes también son susceptibles a ser víctimas pero de otros delitos, y con esto no digo que las violencias que vive uno sean más importante que la del otro, sino que el factor género juega en la ecuación y genera esta diferencia, que da como resultado: mujeres, mayoritariamente  víctimas de violencia sexual, agredidas en el espacio comunitario y por desconocidos, como lo muestran las estadísticas.

En el estado de Baja California Sur, 6 de cada 10 mujeres experimentaron algún tipo de violencia (psicológica, física, sexual, económica o patrimonial) a lo largo de su vida, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2021. Esta violencia se experimenta principalmente en el ámbito comunitario (39.2), es decir, en espacios públicos, seguido por el ámbito de pareja (36.2) y por el ámbito escolar (30.3). Mientras que en el ámbito comunitario es más común la violencia sexual (37%), donde las personas agresoras son principalmente desconocidos en un 67.6% de los casos y suceden en la calle o en parques públicos.

Mujeres y personas con corporalidades feminizadas, de las más diversas condiciones todos los días son violentadas, sin embargo, hoy llama la atención porque la víctima fue una profesional de la salud del medio urbano, “una anomalía en el sistema”. Anomalía porque fue en un espacio público, cuando sabemos que usualmente el abuso sexual sucede en lo íntimo de los hogares. Porque fue un desconocido, cuando usualmente son los familiares, porque fue mientras trabajaba, cuando el discurso justifica que sea en espacios donde la víctima se lo busca, como fiestas, o departamentos de gente extraña, por que no se pudo defender (sino hubiera sido incriminada como ya ha sucedido).

Esa es la idea que nos han vendido, que la violencia de género es la excepción, que es aislada y que es la excepción, sin embargo las cifras dicen todo lo contrario. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta junio del 2022 se han registrado 195 víctimas del delito de violación en Baja California Sur, siendo el tercer estado con la tasa de violación más alta del estado, en donde por cada 100 mil personas hay 23 víctimas de este delito, más el doble de la tasa nacional (10.7). En lo que va del año se han recibido 52 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual, 47 por hostigamiento o acoso y 22 por violación. En donde, el violador (generalmente) es un moralizador cumpliendo con el mandato masculino, como diría Rita Segato, que le enseña a una mujer a colocarse en la posición que le corresponde, de subordinación en la que su cuerpo está disponible para el consumo masculino aún en contra de su voluntad.

Si bien, el Estado tiene su parte en su responsabilidad de prevenir, atender y sancionar la violencia, es una cuestión también estructural en la que, el género juega su papel, pero también intervienen otros factores y responsabilidades, como las de las empresas, en su mayoría con una visión capitalista y que usa los valores patriarcales para generar riqueza a través de la subordinación y explotación de otros. Aquí hay que señalar que las empresas tienen la obligación de dotar las condiciones mínimas para que sus empleados puedan cumplir con sus labores. En este caso, se comenta que los médicos de la Fundación Best, a la que pertenece la médica víctima de violencia sexual, no brinda las condiciones mínimas de seguridad, lo cual, al revisar el modelo de negocios a través del que funciona, representa un grave abuso de poder. 

La Fundación Best, tiene como objetivo hacer accesible la atención médica a sectores vulnerables,  a través de los Consultorios Adyacentes a las Farmacias (CAF), que son las Farmacias Similares, ya que Fundación Best, pertenece al Grupo Por Un País Mejor A. C., el cual aglutina las 9 empresas y asociaciones de Víctor González Torres, entre las que destacan Laboratorios Farmacias Similares, Transportes Farmacéuticos Similares, Sistemas de Salud del Dr. Simi (análisis clínicos), Laboratorios Best, Fundación el Doctor Simi, entre otros. González Torres, nació en una familia rica con base en sus negocios relacionados a la salud, y su vínculos con la política, como su hermano Jorge González Torres, fundador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 

En el sitio web de Fundación Best, señalan que cuentan con más de 13 mil 529 médicos sin prestaciones de ley que a través de un contrato de comodato brindan consulta en las instalaciones que la Fundación provee con servicios de agua, electricidad y mobiliario, mientras que la obligación de los médicos responsables es cumplir con un horario de 8 horas corridas donde su ganancia depende de las consultas que brindan las cuales tienen un costo preestablecido de $60 pesos más ingresos por procedimientos extras, que pueden ser de 20 consultas a ninguna por día, señalan. A pesar de que los médicos no están obligados a recetar medicamentos de Farmacias Similares, es evidente que la farmacia percibe ingresos de forma indirecta por la prestación de sus servicios, pues la mayoría de las personas compran el medicamento recetado en la farmacia adyacente.

La Fundación brinda 11 millones 149 mil 141 consultas al año en los 7 mil 650  consultorios con los que cuentan en todo el país, donde aseguran que cuentan con instalaciones y equipo de primer nivel, sin embargo, las colaboradoras han señalado todo lo contrario: 

“La Fundación Best mucho tiempo ha dejado muy aparte la seguridad de sus médicos, de sus colaboradores, sus consultorios están muy alejados de la misma farmacia, incluso hay consultorios que trabajan hasta las 12 de la noche con colaboradores que no están protegidos bajo ninguna situación ni ante ninguna instancia”

Los colaboradores a raíz de esta situación, señalaron que el timbre de seguridad con el que cuentan al interior de los consultorios es insuficiente y que se requiere que se modifique el modelo de atención y se incluya a un enfermero auxiliando a los médicos al interior del consultorio para mayor seguridad, al mismo tiempo que aseguraron que las cámaras de la Fundación Best no funcionan.

“Nosotros no nos vamos a quedar callados, exigimos que el médico responsable de Fundación Best haga una mesa redonda y platique con nosotros para poder llegar a un acuerdo de seguridad y poder trabajar agusto. 

No está bien que ninguna persona trabaje con miedo y menos un personal de salud que está otorgando un servicio. Nosotros no trabajamos en mala fe, siempre con el corazón de la mano y con el bienestar del paciente. Pensamos que necesitamos estar bien, tranquilos, agusto en nuestra área laboral”.

Aunque los objetivos de la Fundación Best son nobles (servicios de salud accesibles), esta accesibilidad no debería de ser a costa de la integridad y explotación de los médicos, quienes por necesidad ponen su disponibilidad (tiempo y conocimientos) al servicio de la Fundación altruista, a cambio de una completa incertidumbre económica y de seguridad. Esto es un desequilibrio de poder que coloca a los médicos en desventaja ante quien es su empleador y tiene el poder de determinar las condiciones precarias bajo las cuales desempeña su profesión, sin que pueda negociar de forma justa con él.

En esta ocasión, la agresión estuvo dirigida hacia una médica que contaba con pocas garantías de seguridad en su trabajo, sin embargo, todos los días se registran incidentes relacionados con violencia sexual en Baja California Sur, dirigido a mujeres de diversas profesiones, edades, clases sociales.

Actualmente, su agresor fue detenido según informó la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur. Carlos Omar “N”, de 38 años y originario de La Paz, es el presunto responsable del delito de violación y robo calificado, pero aún quedan más de 195 casos (solo en 2022) por atender y resolver.

A unas horas de la detención, empezó a circular la exigencia de que se le imponga la máxima pena al agresor, que de acuerdo con el Código Penal para el estado de Baja California Sur, el delito de violación tiene una pena de diez a quince años de prisión y multa de hasta quinientos días, mientras que el delito de robo va de los seis meses hasta catorce años de prisión dependiendo del valor de lo robado, sin embargo, por ser robo con violencia, a esta se suman de tres a seis años de prisión.

En este punto, después de explicar que es un problema complejo y lejos de invalidar la demanda de justicia, creo que es un buen espacio para reflexionar que tan efectivo es el punitivismo que también es justicia pero desde la perspectiva patriarcal, es decir, qué tanto el hecho de encerrar 35 años (que sería la pena máxima por ambos delitos) a un sujeto resuelve el problema, sino se atienden las condiciones estructurales de fondo como las condiciones seguridad de los consultorios de la Fundación Best, de los médicos en general, y la precariedad laboral en México; si al interior de los centros penitenciarios solo radicalizan a los agresores; y si la víctima no está en el centro del proceso y no se le atiende, repara y apoya para poder recuperar su vida en todos los aspectos.