Alekz Aguila/@alekzaguila
Una vez más, la organización comunitaria y la articulación de personas preocupadas y ocupadas por su territorio, han logrado ganarle una batalla más al cártel inmobiliario que cada vez asedia más la capital sudcaliforniana.
El reportero Alan Flores comunicó que la representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Baja California Sur, Cristina González, confirmó ante varixs periodistas que la Promotora El Salate, ha desistido del proceso de evaluación ambiental para el Muelle Almar.
Esto se da en medio de un proceso abierto de consulta pública que había sido promovido por personas habitantes del barrio El Manglito, la principal comunidad afectada ante la posibilidad de perder una playa que durante cinco generaciones ha representado una oportunidad de sostener las economías locales en tiempos en que decae la productividad pesquera, ya que en la orilla de la playa La Posada y durante la época de tormentas y huracanes es común verles sacando camarones. Además de ser un espacio de arraigo cultural, pesca y recreación no solo para ellxs, sino para toda la población de La Paz.
Este aspecto jamás fue contemplado por Narciso Agundez, director de la API y uno de los principales promotores del proyecto al interior del gobierno, que tuvo que cambiar su postura ante el regaño del gobernador Víctor Castro cuando éste declaró que giró instrucciones para que la construcción de dicho muelle no fuera aprobada por ninguna instancia del gobierno estatal.
Haciendo un recuento de este proceso, recordemos que ante la publicación del proceso en que la SEMARNAT tendría que dictaminar la viabilidad ambiental del proyecto, se realizaron una serie de actividades a modo de protesta y rechazo contra el mismo. Fueron desde el Comité Vecinal Manglito – Inalámbrica quienes organizaron una rueda de prensa para hacer pública su postura, y después la organización BCSicletos realizó en dicha playa la proyección del documental ‘Patrimonio’, que precisamente muestra una historia de un intento de despojo y resistencia comunitaria en la localidad vecina de Todos Santos, demostrando que ante la amenaza, la articulación resulta clave.
Y aunque el tema de muelle se ha congelado por ahora, es importante señalar que la empresa dueña de Al Mar Residencial cuenta con el título de concesión DZF-460/92 para el uso del polígono de playa de 3,241 m2 colindante con el desarrollo inmobiliario.
Dicha concesión es el terreno entre el del pretendido muelle, la zona federal marítima y el amurallado conjunto residencial. Y precisamente el ir ganando terreno a modo de “pinza”, es como los privados han logrado privatizar las playas, dado que estas concesiones se van utilizando para justificar los perímetros que terminan siendo legales, como es el caso del vecino Hotel Marea, que también ha sido acusado de despojo vecinal con el permiso de las autoridades.
Así que mientras esta empresa cuente con una concesión, la guerra no está ganada. Por lo que es momento de seguir presionando a las autoridades para que se generen mecanismos para garantizar que la playa La Posada sea verdaderamente un bien público para todas las personas que habitamos La Paz.
Que nunca nos digan que la lucha vecinal, la protesta y la articulación por la defensa del territorio no funcionan de nada. Hoy, con la cancelación del proceso de evaluación de impacto ambiental, estamos logrando un paso más para continuar con playas libres y demostrándole al enemigo que ni con mucho dinero se puede obtener siempre lo que quieren.