El joven de 29 años fue detenido el 31 de diciembre de 2020 y llevado a las instalaciones de la subcomandancia de Guerrero Negro, donde perdiera la vida. 6 policías implicados.

Gerardo Martínez García de 29 años falleció bajo custodia policial el 31 de diciembre de 2020, según lo informó quien entonces fuera presidente municipal de Mulegé, Felipe Prado Bautista, lo que dio inicio a un largo proceso legal, de justicia y de indignación familiar y ciudadana que trascendería las fronteras de la entidad y del país.

Gerdardo Martínez García habría sido detenido por la policía municipal ese 31 de diciembre, presuntamente por participar en una riña y llevado a las instalaciones de la subcomandancia de policía de Guerrero Negro,  donde perdiera la vida.

El asesor legal de los padres, abogado Eslí Neftalí Pérez López, quien ha enfrentado a las autoridades y registrado en redes sociales algunos contratiempos del caso, anunció ayer 3 de febrero lo que parece ser la conclusión de este nado contra la corriente:

«Acabamos de salir de una audiencia en donde se puso punto final a este caso donde perdiera la vida Gerardo Martínez», dijo, y detalló que «La mezcla de las acciones jurídicas con la presión social tuvo un resultado que el día de hoy se está viendo materializado, puesto que este caso de la muerte de Gerardo Martínez no quedó impune».

Luego de enterarse del homicidio, la familia y amigos de la víctima realizaron una manifestación en la comandancia de la policía de Guerrero Negro, instalaciones que en ese momento se hallaban, casualmente, sin elementos de seguridad pública.

Los familiares, sin embargo, continuaron con su manifestación, que fue cubierta por medios locales, crearon el hashtag #JusticiaparaGerardoMartínez y cargaron con carteles en los que se leían mensajes de reclamo.

El 4 de enero la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur condenó los sospechosos actos e informó que el presidente de la Comisión, «Elías Manuel Camargo Cárdenas, recibió una queja de los familiares de la persona fallecida, por lo que se aperturó la queja con número de expediente CEDH-GN-01/2021» y que se solicitó información a la policía local como a la PGJE, aclarando que analizarían los hechos para determinar si «fueron acordes a los niveles del uso de la fuerza que la ley mandata, para conocer si se actualizó una ejecución arbitraria que derivó en la privación de la vida de un joven de 29 años de edad».

Al haberse agravado política y socialmente un asunto que de por sí es injustificable en un estado de derecho, los seis policías implicados en el homicidio de Gerardo Martínez fueron vinculados a proceso en mayo de 2021, quedando en prisión preventiva, tras ser dados a conocer por el Ministerio Público los datos que los incriminarían.

A este respecto, alguien que ha estado junto a los familiares durante el proceso, como lo es el abogado Eslí Neftalí Pérez López, fue muy claro la tarde de ayer 3 de febrero de 2022: «Se produjo dolor en seis familias más. Por respeto a esta comunidad, que los conocemos y muchos de ellos convivimos de manera constante, pero hemos dejado también de manera muy clara que el hecho de ser jóvenes como abogados no quiere decir que no tengamos el perfil ni la determinación para separar la amistad del trabajo»

«Nos encontramos con la familia de gerardo y con las familias de las personas que estaban involucradas con su muerte. por respeto no vamos a referirnos ni a cuestionar a las familias públicamente», comentó. Y es que, como el mismo abogado refierió para medios locales, en la comunidad de Guerrero Negro –como en muchas otras– la convivencia esporádica o constante de los miembros de su comunidad pueden viciar los debidos procesos, por miedo a represalias, por camaradería o por corrupción.

No obstante, la presión social ha sido una gran colaboración en un asunto que está manoseado por uno y otros recursos turbio o al menos sospechoso que, según menciona el abogado y se ha publicado también en medios, se pretendía realizar audiencias privadas con los familiares de la víctima sin la presencia de su asesor legal, o que parecería que «la procuración de justicia no quería avanzar, no quería procurar justicia»

«La mezcla de las acciones jurídicas con la presión social tuvo un resultado que el día de hoy se está viendo materializado, puesto que este caso de la muerte de Gerardo Martínez no quedó impune», declaró Eslí Neftalí Pérez López para La Voz del Pacífico.

Por dos homicidios más en Guerrero Negro anteriores al de Gerardo Martínezm, el diputado Marcelo Armenta acusaría al ex gobernador Mendoza Davis de entorpecer investigaciones, una de las cuales incluiría a agentes de la Policía Estatal como posibles agresores.

Al final, y pese los bericuetos laberínticos de un sistema judicial que no se sigue al pie de la letra, intencionadamente o por inocencia, el abogado de los familiares de Gerardo Martínez manifiesta su orgullo por llegar hasta las últimas consecuencias para que un acto como éste no se sumara a la cantidad de actos impunes en el la media península y en méxico, y finalizó con un agradecimiento a la ciudadanía que se vio afectada.

«Un millón de gracias pues a cada lugar y a cada persona que llegamos, creo yo que se generalizó un sentir de indignación que estaba sucediendo en este momento, y me siento con el deber moral de hacerles del conocimiento que  aquí seguimos. Sufrimos y padecimos muchas adversidades durante este año. Me reservaré algunas pero de otras, más adelante, con mucho gusto hablaré».