El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío manifestó su postura sobre la criminalización del aborto en Baja California Sur, uno de los pocos estados en toda la república que no ha acatado el decreto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de la inconstitucionalidad de penalizar a las mujeres que interrumpen su embarazo.
Dijo que está a favor de que ninguna mujer sea penalizada por tomar esa decisión, y aseguró «no estar en otra condición que en la de respetar el pleno derecho de las mujeres» a defender y decidir sobre su cuerpo.
Un derecho que llamó «legítimo», y cuya legalidad sigue en entredicho en el Congreso del Estado. Pero el mandatario confió en que diputadas y diputadas respalden un «histórico planteamiento».
Hay que recordar que apenas el pasado 26 de mayo se dio lectura a iniciativa ciudadana presentada por la Dra. Mónica Jasis Silberg en la que desglosa diversos artículos a reformar en el Código Penal y en la Ley de Salud de Baja California Sur, con el objetivo de aterrizar y defender sin que queden fisuras legalistas en derecho a la interrupción de embarazo, incluso proponiendo una pena máxima a éste en casos muy específicos.
La doctora Jasis Silberg también aludió al alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, quien declaró que no ofrecer un servicio exclusivo de la necesidad de la mujer, puede considerarse como violencia de género, discriminación, tratamiento inhumano, cruel e incluso tortura.
Asimismo presentó la doctora diferentes puntos –es decir que fue muy puntual– respecto a lo que debería quitarse, cambiarse o corregirse, tanto en el Código Penal como en la Ley de Salud. La propuesta sigue en evaluación.
Invitamos al lector echar una mirada a la nota en relación, pues consideramos que toca matices muy sutiles.