«La autoridad ambiental tiene la responsabilidad y solvencia moral para que nos dé su resultado» expresó.

Al ser cuestionado sobre el proyecto de «Ampliación de Muelle API-BCS del Puerto Pichilingue» promovido por la empresa Aquamayan Adventures, el gobernador Víctor Castro Cosío tomó una postura neutral entre quienes están a favor de que se realice y entre los ciudadanos inconformes que se han manifestado reiteradamente argumentando el impacto ambiental y social que provocaría, según afirman.

Sin embargo, no se mostró neutral en cuanto al apego a la ley, confiando en las autoridades correspondientes como Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que determinen la viabilidad y seguridad de este proyecto.

«Vamos a revisar los convenios que dejó el API pasado de esa parte de los cruceros y también consultar a los hoteleros si impacta la venida o no. Si hace daño al medio ambiente, que lo determine la autoridad del medio ambiente. Yo entiendo y estoy totalmente de acuerdo que hay que cuidar nuestras reservas naturales, por supuesto, pero también recuerden ustedes que hay que cuidar la economía», señaló el mandatario.

Mencionó la necesidad de una profunda revisión para tomar «la más sabia decisión social», «Porque no es un grupo al que vamos a atender sino diferentes sectores. Si no, seríamos rehenes de un grupo determinado y esa parte no. Tenemos que ser gente que defienda al medio ambiente, en eso estamos de acuerdo, pero que lo determine la autoridad».

Aclaró que él no es la autoridad para determinar si puede llevarse a cabo o no, recordando la responsabilidad de Semarnat de hacer los estudios y si éstos arrojase como resultado que el proyecto pasa la prueba de impacto ambiental «hay que decírselo a la sociedad en foro público. Porque tampoco podemos parar el desarrollo económico, si nos beneficia la llegada de 50, 100 cruceros a Baja California Sur,  a La Paz. […] La autoridad ambiental tiene la responsabilidad y solvencia moral para que nos dé su resultado», concluyó.

Cabe recordar que la presidenta municipal Milena Quiroga, desde diciembre del año pasado, ha declarado que el Ayuntamiento de La Paz cumpliría con el reglamento vinculado para emitir una opinión al respecto, luego de que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) instara mediante un documento al Ayuntamiento a que se apegara al Plan de Desarrollo Urbano (PDU) y a partir del PDU remitir una opinión técnica a la Dirección de Riesgo e Impacto Ambiental de Semarnat.

«Todo tiene que ser con cumplimiento a la ley y los reglamentos y si en éstos del PDU viene especificado un tipo de suelo distinto al que se quiere dar pues difícilmente esto va suceder. Las leyes y los reglamentos no se someten a consideración de una consulta ciudadana» aseguró Milena Quiroga.

En CEMDA sostienen que de acuerdo al PDU no debe realizarse el proyecto: «La zona en la que se plantea desarrollar este proyecto tiene un uso de suelo como “equipamiento urbano” y en este tipo de suelo no se permiten diversos usos como oficinas, infraestructura náutica y otros relacionados con el proyecto», declaró desde noviembre de 2021 Mario Sánchez Castro, director de CEMDA Noroeste.

Grupos de ambientalistas como Colectivo Torpedo, que se manifestaron el domingo pasado en el Malecón contra el proyecto, aseguran que no sólo es un daño medioambiental el que acarrearía la llegada de cruceros sino un impacto de implicaciones sociales y económicas dañinas para la ciudad, tomando como dos puntos de referencia lugares como Los Cabos o Cozumel.