«A nivel nacional fueron más de 11 millones de firmas. Sin invertirles mayor recurso que el recurso humano»: dip. José María Avilés Cota

Ante la propuesta de la Secretaría de Hacienda de aplicar un plan de austeridad en el INE que permita reducir gastos y llevar a cabo la revocación de mandato del presidente, la consejera electoral Claudia Zavala contestó que constitucionalmente no pueden aplicar ese plan.

Mencionó que las cuestiones «que se están exponiendo públicamente, no tienen ahora una posibilidad real, porque hay un camino legal que se ha dado», y que el INE debe acatar, emanan de la Constitución y, por lo tanto, si hay algo que cambiar se legislen primero esos cambios. Agregó que «mientras la Constitución tenga esos parámetros, mientras la ley establezca esas condiciones, es responsabilidad de todos los funcionarios y las funcionarias respetar esa reglas», en un ejemplo, hay que decirlo, de rectitud deseable para todos los ámbitos de la política mexicana.

El plan presentado por Hacienda propone la reducción del salario de algunos de sus funcionarios y el uso de los recursos de un fideicomiso del INE, a lo que el INE contestó que «estarán muy atentos de analizar las cosas que se nos plantean». La Secretaría de Hacienda presentó como resultado de sus análisis de austeridad aplicables al INE, un recurso que estaría disponible por 2 mil 972 millones de pesos, lo que se ha venido a llamar en algunos medios «el clavo del INE».

El morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, aprovechó la emotividad de la escena para presentar una explicación con peras y manzanas, sobre un pizarrón como en la primaria, y aclarar cuál considera que es el INE al que se refieren con la reducción de gastos, al menos desde Morena.

Gutiérrez Luna comparó los sueldos de los consejeros del INE Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, de 262 mil pesos, con el de los demás trabajadores del Instituto, que ronda los 7 mil 600 pesos, sin contar el gasto en choferes particulares, asesores, gasto de alimentos, aguinaldos…

Mientras tanto, la idea de consulta sobre revocación de mandato va avanzando por su cuenta mediante iniciativa ciudadana en todo el país. En Baja California Sur, según nos cuenta el diputado José María Avilés Castro, casi se ha cuadruplicado el mínimo necesario para que se ponga sobre la mesa su realización, con 54 mil firmas. «A nivel nacional fueron más de 11 millones de firmas. Sin invertirles mayor recurso que el recurso humano. Que como apunte te diría que fueron 11 millones un mayor número de ciudadanos que acudieron a plantear el asunto de las firmas que la votación que tuvo Acción Nacional durante 2021» dijo.

Al cuestionarle sobre la consulta de revocación aplicada al gobernador del estado, respondió: «Creo que esta parte de ir profundizando, de ir pasando de una democracia representativa a una participativa siempre va ser provechoso y si es necesario yo creo que lo podríamos hacer, para que en término de tres años pudiera realizarse algo similar en Baja California Sur. Vamos a ver cómo se da el contexto político nacional para la revocación de mandato o la ratificación en este caso del presidente y estaríamos revisando esta parte de las declaraciones del gobernador y ver de qué manera podemos abonarle desde el Congreso del Estado».