El abogado Iván Castro denunció al gobernador Carlos Mendoza. ¿La razón? La posible organización del mandatario estatal con legisladores locales y entrometerse en el Congreso del Estado de Baja California Sur.
Por ello, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió la carpeta LPZ/4715/2020/NUC, ante el Ministerio Público de atención temprana, debido a los presuntos actos delictivos de Mendoza Davis.
Con él las y los diputados locales del Grupo de los 8 fueron incluidos en la denuncia: Lorenia Montaño Ruiz (PES), Perla Flores Leyva (PES), Rigoberto Murillo Aguilar (PES), Elizabeth Rocha Torres (PAN), José Luis Perpuli Drew (PRS), Anita Beltrán Peralta (PRI), Maricela Pineda García (PRD) y Daniela Rubio Avilés (Humanista).
“Por su presunta responsabilidad de los ilícitos consistentes en Coalición de servidores públicos, contemplado en el artículo 279 del Código Penal para el Estado, Conspiración, cometido en contra de la seguridad de las instituciones del estado, específicamente del Congreso, contemplado en el artículo 378 del Código Penal, Ejercicio ilícito y abandono del servicio público, contemplado en el artículo 270 del Código que nos ocupa, así como el delito de Sedición contemplado en el artículo 384 del marco normativo señalado, delitos que sumados en su penalidad máxima arrojan hasta 40 años de prisión, más la destitución e inhabilitación para desempeñarse como servidora o servidor público”.
Explicó en su perfil personal el litigante.
Por ahora, explicó, la investigación será turnada al Ministerio Público especializado en delitos cometidos por servidores públicos de la PGJE. Esta instancia deberá solicitar al Congreso del Estado un informe para el desahogo de pruebas.
El objetivo será “determinar si el Gobernador del Estado se organizó con los demás imputados para afectar al Poder Legislativo Estatal tanto de acción (policía en el recinto legislativo, daños al Congreso, violencia en sesión de sede alterna, etc) como de omisión (no pagar las quincenas correspondientes, no transferir recursos, no prestar la fuerza pública a pesar de ser requerido, etc.)”
Adrián pidió al procurador Daniel De la Rosa no inclinar la balanza a favor del gobernador y no interferir con la investigación. Del mismo modo, solicitó a los legisladores colaborar con Ministerio Público durante las indagatorias.