Iván Gaxiola

Kafkiano es un adjetivo que se relaciona con el tipo de situaciones que se desarrollan en la obra del escritor checo Franz Kafka, aplicándose como analogía de una situación que tiene carácter trágicamente absurdo o que es, por formar parte de una odisea burocrática, irresoluble. Este es el caso del homicidio de Jonathan Hernández Ascencio, asesinado a tiros el 4 de marzo de 2010 en las afueras de un extinto bar llamado Las Micheladas, ubicado en el malecón de La Paz. Aunque quizá sea más preciso decir que lo kafkiano no es el crimen en sí, puesto que ocurrió a la vista de decenas de personas, sino que lo trágicamente absurdo ha sido la manera en que el caso se ha desarrollado, pues a lo largo de 12 años lo han atendido 4 gobernadores y 6 procuradores de justicia sin que hoy haya personas inculpadas o la solución pueda siquiera vislumbrarse.

A principios de mes, en las instalaciones del Congreso del Estado el padre de Jonathan, Daniel Hernández Aguirre, y el gobernador Víctor Castro Cosío sostuvieron una discusión en público luego de que el primero le exigiera al mandatario una solución definitiva al crimen cometido contra su hijo. Durante el airado enfrentamiento, Daniel Hernández llamó ‘cobarde’ al gobernador de Baja California Sur y éste, a su vez, le pidió al padre de la víctima retirarse del lugar por faltarle al respeto. Mucho ha ocurrido desde marzo de 2010 a la fecha para que la situación llegara a tal punto. 

En 2010, el padre de Jonathan se entrevistó con decenas de medios de comunicación locales y nacionales y en La Paz pocas personas no tenían al menos una idea vaga de lo ocurrido el 4 de marzo de ese año en el malecón. Se sabía que esa noche, en Las Micheladas, Jonathan, su hermano mayor y un primo que estaba de visita tuvieron una discusión con un grupo de jóvenes de su edad, todos rondaban los 25 años. La razón, en boca de la gente siempre fue distinta, pero sus historias coincidían al referir que un amigo en común entre ambos bandos en la discusión, algunas horas después del malentendido, le pidió a Jonathan salir un momento del bar para tener una charla con él a fin de dar por terminado cualquier conflicto, pero se trataba de una emboscada. Los nombres de varios presuntamente implicados en el evento quedaron impresos en tal vez cientos de páginas de diarios paceños, pero se destacaba la participación de dos personajes en particular. A uno de ellos no se le llamaba por su nombre, sólo ‘el hijo del gobernador’, que en ese momento era Narciso Agúndez Montaño, del Partido del Trabajo; y el otro, quien incluso pasó un tiempo en la cárcel debido a su relación con el homicidio, se le conocía entre otras cosas por tener parentesco con el procurador en turno: Fernando González Rubio Cerecer.

Dos meses después, el padre de Jonathan habló en un canal de televisión sobre la hipótesis de que en el homicidio pudieron ser dos personas las que utilizaron armas de fuego, ya que en el sitio donde halló el cuerpo de su hijo se encontraron 12 casquillos y 3 más en la pendiente de la calle Hidalgo, por donde el presunto homicida persiguió a su otro hijo, quien manifiesta que cuando oyó el primer disparo corrió.

En 2011 el gobernador ya era Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, quien dejó el Partido de la Revolución Democrática para gobernar por el Partido Acción Nacional, y su secretario general era Carlos Mendoza Davis, quien casi 5 años después lo sucedería en el cargo. Covarrubias Villaseñor prometió resolver el caso y poner tras las rejas incluso a funcionarios que hubiesen obstaculizado la resolución del homicidio. Para ese momento, Francisco González Rubio Cerecer y Francisco Karim Martínez Lizárraga, como procuradores generales de justicia del estado, habían fracasado en la misión de cerrar el caso. En la administración panista de Covarrubias Villaseñor se sumarían al intento de hacerlo, también sin éxito, Gamil Arreola Leal y Adonaí Carreón Estrada.

Cuando Covarrubias Villaseñor tomó protesta como gobernador en la explanada del Palacio de Gobierno, Mendoza Davis hizo un trato con Daniel Hernández: si desistía de manifestarse durante el evento, él, como secretario general de gobierno, se encargaría personalmente de dar con los asesinos de su hijo. Llegó el fin de año y la familia de Jonathan no había tenido respuestas satisfactorias, por lo que continuaba manifestándose y rompieron relaciones con Mendoza Davis, quien le negó toda atención que no se realizara de forma privada, sin el conocimiento de la prensa.

Ese mismo año, Samgar Salvador Gámez Reyes, ministerio público que recibió el caso en primera instancia, declaró que las tres personas detenidas en ese momento por el homicidio de Jonathan, y que después de 19 meses serían liberadas, más una cuarta a quien se le había detenido en Estados Unidos, sólo eran ‘chivos expiatorios’ que fueron detenidos ‘para que se calmara la situación antes de las elecciones’, pero que en realidad todos habían resultado negativos ante la prueba de parafina. 

En septiembre de 2012, la Procuraduría General de Justicia a cargo de Arreola Leal detuvo y encarceló a un joven que no había sido mencionado antes en el caso y que la propia familia de Jonathan Hernández desconocía como sospechoso: Daniel ‘N’. A mediados de 2013, el procurador Arreola Leal justificaría sus acciones coincidiendo con Gámez Reyes ante la cadena de noticias CNN, al señalar que ‘se ejerció presión social e indebidamente, de manera ilegal’, la procuraduría que le antecedió desvió las líneas de investigación para ‘atender las exigencias de la ciudadanía, de la familia’ de Jonathan.

Sería en febrero de 2014 cuando el sospechoso de Arreola Leal, Daniel ‘N’, fue puesto en libertad, ya que quienes declararon en su contra en un principio desistieron de tales declaraciones.

En septiembre de 2015, durante la toma de protesta como gobernador de Mendoza Davis, familiares de Jonathan Hernández se manifestaron e incluso hubo algunos empujones entre ellos y el equipo de seguridad del gobierno. Daniel Hernández dijo a la prensa que Mendoza Davis se había comprometido falsamente a resolver el caso.

Una mañana de junio del 2016 se tuvo la noticia de que fue atacado a balazos Samgar Salvador Gómez Reyes afuera del despacho que tenía cerca de su domicilio, en las calles Airapí y Puesta del Sol. No llegó con vida al hospital. Días después, la Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo de Palemón Villeda Alamilla, reabrió el caso Jonathan, que para el momento ya no contaba con detenidos, sospechosos o líneas de investigación prometedoras. Esta era la tercera vez que el caso era ‘abierto’ por la procuraduría, tomando en cuenta que la primera ocasión data del 4 de marzo de 2010, cuando se inició la averiguación previa LPZ/010/HOM/2010, en aquella ocasión fueron señalados y detenidos Gary ‘N’, Emilio ‘N’, Alonzo ‘N’ y Carlos ‘N’, quienes finalmente fueron absueltos de toda responsabilidad; y la segunda apertura fue el 27 de mayo de 2014, con la averiguación previa LPZ/028/HOM/2014. La procuraduría retomó el caso bajo el número de averiguación previa LPZ/028/HOM/2014, sólo que esta vez nombrando a Bernardo Soriano Castro como fiscal especial del caso, públicamente conocido por ser el abogado de la familia Hernández Ascencio.

A finales de 2019, cuando Daniel de la Rosa Anaya ya fungía como procurador general de justicia del estado, éste dio a conocer que la dependencia a su cargo continuaba con labores de investigación para esclarecer los hechos suscitados en 2010, asegurando tener a algunas personas procesadas como presuntas responsables; sin embargo, aclaró, no era posible incriminarles por el delito de homicidio.  

En noviembre de 2020, a 9 años y 8 meses del homicidio, el entonces presidente del Comité Directivo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional en Baja California Sur, Alberto Rentería Santana, hoy subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Castro Cosío, le solicitó públicamente a Mendoza Davis cumplir la promesa de resolver el asesinato de Jonathan Hernández antes de que culmine su administración’. En un oficio, el dirigente de Morena pidió, además, la creación de una Fiscalía General Autónoma, la cual no ha sido instalada hasta el día de hoy. 

Fue en septiembre de 2021, siendo ya gobernador Castro Cosío, cuando se anunció que Narciso Agúndez volvería al Gobierno del Estado, pero en esta ocasión como asesor del ejecutivo. Fue a partir de ese momento cuando las manifestaciones para la resolución del caso aumentaron de nuevo su intensidad y hoy pueden verse vehículos con pancartas, tanto en la explanada del Gobierno del Estado, el malecón y en la salida norte de La Paz, donde se lee: ‘Caso Jonathan. Símbolo de impunidad, mentira, complicidad y corrupción’. Ese mismo mes, De la Rosa Anaya anunció que se reabriría el caso Jonathan, siendo esta su cuarta etapa. ‘En el trabajo realizado desde que estoy al frente de la institución’, dijo, ‘se han generado nuevas líneas de investigación para presentar a otras personas vinculadas a este lamentable hecho; no obstante, en la medida de lo posible, se buscará que este caso sea resuelto’.

Es así como llegamos a marzo de 2022 y el incómodo encuentro entre el padre de Jonathan Hernández y el gobernador Víctor Castro, donde uno acusa al otro de cobardía y complicidad, mientras que el funcionario le responde al padre que hará pública evidencia de que la familia Hernández Ascencio ha solicitado cantidades millonarias al Gobierno del Estado para reparar los daños por la falta de procuración de justicia.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de 2010 a 2016 fueron asesinadas 154 mil 557 personas en México y en el 94.8 por ciento de esos casos no hubo culpables. Esto arroja una tasa de 5 sentencias por cada 100 víctimas de homicidio, mientras que en países asiáticos la tasa promedio es de 48 sentencias por cada 100 y en países de Europa 81, según datos de la Organización de las Naciones Unidas.

El proceso para investigar un homicidio en México tiene que ver con policías preventivos, de investigación, peritos y agentes del ministerio público, es decir fiscales, y en cada uno de estos niveles hay sobrecarga de trabajo. En lo que se refiere a fiscales, datos oficiales muestran que si se divide el número de homicidios sin respuesta de 2010 a 2016 entre el número de fiscales de homicidios en el país, a cada uno le tocarían 227 casos en promedio. Considerando que cada agente del ministerio público resuelve aproximadamente 1.8 casos al año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sería necesario esperar 124 años para acabar con el rezago en la materia.

De acuerdo con el estudio ‘Impunidad en homicidio doloso en México: reporte 2019’, de la asociación México Evalúa, 2018 fue el año más violento del que se tenga registro en la era moderna de México, con más de 34 mil víctimas de homicidio doloso o intencional, es decir que ese año una persona fue asesinada cada 15 minutos en nuestro país.