Información publicada por La Jornada reveló que Baja California Sur está dentro de la lista de las entidades con más minas terrestres en áreas naturales protegidas junto a Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Coahuila y Baja California.

Basta observar a la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno en donde operan Minera y Metalurgia del Boleo S.A. de C.V. que explota cobre y otro minerales, Minera Carbón Mexicano que obtiene manganeso y yeso, Compañía Occidental Mexicana, S.A. de C.V., (COMSA) que extrae yeso o Exportadora de Sal SA de CV, por mencionar algunas.

Desde 2016 la Dra. Elisa Jeanneht Armendáriz Villegas dentro de su tesis doctoral informaba que la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno no era solo el área natural protegida más extensa sino que en un 80% del polígono se permite la minería.

En cambio encontró que la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna únicamente en un 2% se permite la actividad minera. En esta área Los Cardones intentó desarrollar su proyecto de minería a cielo abierto para extraer oro pero las ciudadanía resistió a las intenciones de Grupo Salinas.

Además, en cuanto a la minería submarina, hay 14 concesiones en el mar de Baja California Sur, Chiapas y Oaxaca.

El gobierno federal ha revelado cifras que indican que 1,671 concesiones mineras en todo México, lo que equivale al 7% del total, se encuentran dentro de 70 áreas naturales protegidas, abarcando 1.5 millones de hectáreas.

 De esas concesiones, 14 fueron otorgadas a núcleos de reservas naturales de la biósfera durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, después de la aprobación de la Ley Minera de 1992, lo que ha provocado graves daños.

Las áreas naturales protegidas afectadas incluyen la Sierra Gorda de Querétaro, Mariposa Monarca, El Pinacate y Gran Desierto de Altar, Los Tuxtlas, Sierra de Manantlán, Zicuirán-Infiernillo, Ría Lagartos, Chamela-Cuixmala, El Triunfo, Sierra Gorda de Guanajuato, El Vizcaíno, Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, La Encrucijada y Sierra del Abra Tanchipa.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales advirtió en 2019 que la minería era la principal causa de sitios altamente contaminados en el país.

De los 632 sitios detectados ese año, 84 correspondían a actividades mineras y 11 se encontraban en áreas naturales protegidas. Las afectaciones incluyen la pérdida de la cubierta vegetal, del suelo y del hábitat, la alteración de la calidad del aire, el relieve y los escurrimientos superficiales, la generación de drenaje ácido y la movilización de elementos tóxicos, la alteración de aguas subterráneas, la generación de vibraciones sísmicas y ruido de voladuras, así como la contaminación por sustancias de proceso o materiales depositados.

Con la Ley Minera de 1992, el gobierno salinista otorgó concesiones mineras no solo en áreas naturales protegidas, sino también en la zona económica exclusiva, el zócalo submarino y la zona federal marítimo-terrestre.

Una iniciativa presidencial con un proyecto de decreto para reformar, agregar y derogar diversas disposiciones en materia de concesiones para minería y agua, enviada a San Lázaro a fines de marzo, establece que hay 23,441 concesiones mineras vigentes, de las cuales 17,045 se concentran en Sonora, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Coahuila y Sinaloa, entidades que sufren una grave escasez de agua.