Daniela Reyes

Antes de que se registrara la catástrofe ambiental en el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Balandra, esta funcionaba con un horario limitado que permitía el ingreso terrestre de dos bloques de 400 personas (que es el límite de carga de la playa), con un cobro de brazalete ($50 pesos) solo a turistas. Pese a ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y a generar un millón 234 mil 685 pesos en 2021, operaba con 131 mil pesos este 2022 (110 asignados de presupuesto y 21 que el regresó la federación) y con personal increíblemente rebasado, tanto que no podían llevar un control del ingreso vía marítima a la APFF.

Desde que la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, iniciaron las restricciones para el ingreso vía terrestre a través de un punto de control en la entrada de la APFF Balandra como era debido, los operadores de servicios turísticos vieron la oportunidad de integrar a Balandra como un punto de visita en sus tours. Desde entonces las organizaciones y la Conanp ya señalaban que esto se estaba saliendo de control y pidieron ayuda, pues las embarcaciones transitaban y hasta se anclaban en el área sin restricción alguna.

La mayor colaboración que se tenía era con los prestadores de servicios turísticos, con quienes había una coordinación para la venta de brazaletes que son obligación adquirir para hacer uso del área natural protegida. Sin embargo, el problema mayor era el ingreso de embarcaciones privadas, como fue el caso del yate Fortius, vinculado a la familia jaliciense Alcalde Acosta y a las empresas Fortius Electromecánica y Fortius Solar.

El Fortius se incendió y hundió la noche del 21 de agosto de 2022, cuando se encontraba anclado en la subzona de Uso Restringido conocida como Balandra B, donde, por su importancia ecológica, solo pueden ingresar embarcaciones de 12 metros de eslora, mientras que el Fortius medía 24 mts, lo cual presenta una primera y gran irregularidad.

El 24 de agosto la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) interpuso una denuncia contra quien resulte responsable de estos hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) que ya fue ratificada por la Conanp, por hechos que podrían constituir un delito contra el ambiente y la gestión ambiental previstos en el artículo 414 del Código Penal Federal. La FGR mencionó que los responsables podrían ser acreedores de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, mientras que por haber acontecido en un Área Natural Protegida (ANP), la pena de prisión se puede incrementar hasta en tres años y aumentar mil días de multa más.

Luego de que fueron rescatadas 12 personas por la Secretaría de Marina (Semar), se informó que el yate se había hundido y que en consecuencia la APFF Balandra estaba contaminada de diésel, ceniza, hollín, aceite, madera carbonizada, basura, etc. un incidente que sin duda pudo haberse prevenido o cuando menos aminorar su impacto si se hubieran atendido las demandas hechas anteriormente sobre la falta de regulación marítima.

Desde entonces, Balandra, la playa más visitada de BCS, ha permanecido cerrada pese al grave impacto que esto ha ocasionado en la economía local, que se sostiene principalmente del turismo. El día 23 se iniciaron labores de limpieza del área de playa por parte del personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), así como organizaciones civiles y  voluntarios en donde se retiraron más de 10 toneladas de residuos tóxicos.

Los dueños de yate dilataron la extracción del mismo, y fue hasta el día 29 de agosto que iniciaron estas labores, primero extrayendo todo el combustible de la embarcación y el 1 de septiembre, la empresa Varadero de La Paz, Alejandro Abaroa Gil, S. de RL., contratada por los dueños, logró sacarlo a flote con la supervisión de la Secretaría de Marina, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y apoyo de la propia Red de Observadores Ciudadanos (ROC).

Ese mismo día se tomó la decisión de iniciar el traslado de los restos del Fortius hacia Abaroa Boat Yard Marina, por la noche y en vísperas de la llegada de la tormenta tropical Javier. La embarcación Accolade fue la encargada de arrastrarlo, sin embargo, el casco del yate se volvió a hundir debido a que por el oleaje y condiciones climatológicas se soltó, ahora en aguas más profundas de la bahía de La Paz a unos kilómetros de haber salido del polígono del APFF Balandra. Esta información se obtuvo a través de redes sociales, ya que las autoridades, tanto la Secretaría de Marina (Semar), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el propio Gobierno del Estado de Baja California Sur, no habían brindado información sobre las labores de extracción del yate.

Hasta este 7 de septiembre se confirmó que Capitanía de Puerto y Semar están trabajando en un segundo salvamento del casco de la embarcación que está ubicada muy cerca de San Rafaelito a 35 metros de  profundidad, sin embargo, parece que no forma parte de estas actividades los dueños ni la empresa que había sido contratada por estos anteriormente.

El día 1 de septiembre, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través de un comunicado informó sobre las acciones que se llevarían a cabo para la reparación de la catástrofe ambiental en la APFF Balandra que aparecen enlistadas en la tabla siguiente, elaborada por Mario Sánchez, director regional noroeste en CEMDA. También informó que la primera acción correspondía a un censo bajo la metodología de Promares, que había dado como resultado que las 29 especies de peces y 15 invertebrados registrados en el área no tenían cambios en abundancia y estructura de tallas, ni mortalidad o comportamiento anómalo, información que contrastó con la imagen de un pulpo reportado muerto por los voluntarios en las limpiezas previas.

Después del hundimiento del Fortius y en atención a las acciones enlistadas por la Conanp, surgió una iniciativa ciudadana para hacer una limpieza del fondo marino de Balandra en coordinación y con la autorización de la Semar y Conanp, integrado por más de 30 buzos, más de 20 capitanes y marineros de la comunidad de La Paz, y agrupaciones como ECO, Mar Libre, ROC, Tiburón Choyero, prestadores de servicios turísticos (Up Dive, Sealion, Cortez Club, Liona, Navhyla, Britany Jocelin), pescadores (Fonmar), al que también se sumaron algunas empresas como patrocinadores de alimentación y bebidas para el voluntariado (Mc Fisher, Cantamar y otros).

De acuerdo con los voluntarios, en esta limpieza, los dueños del yate, a través de la empresa Varadero Abaroa, solo se presentaron para hacer el traslado de los restos de valor como ancla, cadena y barandales de acero el día domingo y prestaron una embarcación, mientras que el voluntariado hizo la recolección y traslado de todos los demás restos.

Durante dos días de limpieza, los voluntarios llevaron a cabo la difícil e incómoda labor de recolectar de 4 a 5 toneladas de basura, correspondiente principalmente a fibra de vidrio quemada, restos de la proa, acero, madera carbonizada, ancla, cadena, jet ski del fondo marino, que fue un 50% de los restos que encontraron el primer día.

En total, Everardo Mariano Meléndez, director regional para la Península de Baja California y Pacífico Norte de la Conanp, reconoció que han sido 13 toneladas de restos, que han sido  transportadas a las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (APIBCS) y que corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), definir a la empresa que se encargará del confinamiento de los materiales, en un sitio de disposición final. De acuerdo con los voluntarios, aún queda un 50% de la fibra de vidrio quemada en el fondo, que corresponde a aproximadamente unas 4 toneladas de restos. 

Esta actividad continuaría hasta que fuera removido por completo todo, sin embargo, las actividades fueron suspendidas por las condiciones climatológicas ocasionadas por el huracán Kay. El riesgo ahora es que se presente viento fuerte que pueda ocasionar una corriente de agua que disperse los restos del Fortius y sean ingeridos por especies en la zona, y también que se remueva la arena y entierre los restos lo cual hará más difícil la limpieza cuando estas se reanude, lo cual está previsto para el viernes 9 de septiembre.

Las autoridades ambientales se han visto rebasados para la atención de esta catástrofe ambiental, mientras que el Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Ayuntamiento de La Paz se han manejado con total hermetismo y al informar sobre el tema, han mostrado ignorancia total sobre la gestión de la APFF Balandra. Hasta el momento se desconoce el avance de las investigaciones y no ha habido transparencia y claridad en cuanto a las medidas de reparación de Balandra.

Si  hubiera que enunciar algunas lecciones para prevenir este tipo de incidentes, se resume en las peticiones que la agrupación de Viernes por el Futuro ha hecho en sus manifestaciones exigiendo justicia ante el ecocidio en Balandra:

1) Cero impunidad: que la empresa responsable pague la limpieza total, las multas y sanciones de acuerdo con la legislación en materia ambiental, 2) que los legisladores, el ejecutivo y los representantes en el Congreso de la Unión, gestionen un aumento al presupuesto de la CONANP, 3) y que saquen el yate hundido, lo cual es obligación de los dueños de la yate y de las autoridades.

Además, está pendiente perfeccionar la regulación del acceso a embarcaciones en la zona para lo que se podría establecer un horario y aforo máximo y hacerlo respetar con el apoyo de la Semar, Profepa y Conanp y/o con apoyo de herramientas tecnológicas como verificadores cámaras y radares, según mencionó Mario Sánchez.

Mientras que Alekz Aguila, activista medioambiental señaló que también cuidar de las ANP’s es responsabilidad de todas las personas que la visitan y de los prestadores de servicios, quienes pueden prevenir incidentes informándose y respetando las reglas del lugar, adquiriendo el debido brazalete y de esta forma ser turistas responsables, “si no es un turismo depredador que nada más viene hace lo que quiere. En este caso incendian un yate y se van. Hay que ser conscientes de que, si queremos que futuras generaciones y otras personas puedan disfrutar de estas bellezas, entonces tenemos que manejarlas y utilizarlas con mucho cuidado. Hay que responsabilizarnos y saber que son precisamente con mayor poder adquisitivo quienes impactan de mayor manera el ecosistema”, señaló.