El Congreso del Estado de Baja California Sur ha aprobado una reforma legal que busca modificar el tratamiento del delito de robo calificado. Mediante la aprobación del dictamen presentado por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, se consideró procedente una iniciativa ciudadana que busca que este tipo de delito sea perseguido de oficio, es decir, sin necesidad de una querella de parte ofendida.
La reforma se centra en la modificación del artículo 227 Quinquies, Fracción III del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Esta enmienda permitirá que el robo en casa habitación y en lugares cerrados sea perseguido por denuncia de oficio, de manera que las autoridades actúen tan pronto tengan conocimiento de la conducta delictiva, sin requerir que la parte afectada se constituya como acusadora para iniciar las investigaciones y procedimientos penales contra el presunto responsable.
La Comisión dictaminadora consideró viable la iniciativa y argumentó que la figura del Robo Calificado no debería estar sujeta a una persecución solicitada por parte ofendida a través de una querella, sino que cualquier persona debería poder denunciar el delito y señalar la noticia criminal, tal como debería ser mediante una denuncia.
La propuesta de reforma al artículo 227 Quinquies fue presentada por el ciudadano Paul José Contreras. Su objetivo es que, cuando ocurra un robo en un edificio, vivienda, aposentos o cuartos destinados para habitación, ya sea fijos o móviles, sin importar su construcción, o en cualquier lugar cerrado, el delito sea perseguido de oficio mediante denuncia. Esto permitirá que cualquier persona pueda denunciar la comisión del delito y contribuir a que no queden impunes.
Es importante destacar que la querella, a diferencia de la denuncia, implica un acto procesal en el que una persona se constituye como sujeto acusador al notificar a la autoridad sobre la existencia de la conducta delictiva. Por otro lado, en la denuncia, quien la presenta simplemente informa a la autoridad investigadora sobre la posible comisión de un delito, sin convertirse en parte acusadora.
Con esta reforma, se espera fortalecer el combate contra el robo calificado en el Estado de Baja California Sur, facilitando la actuación de las autoridades en la persecución de este delito sin requerir la participación activa de la parte afectada como acusadora.