«Si la Semarnat se estuviera apegando a derecho diría “aquí tú contravienes el Programa de Desarrollo Urbano de La Paz, vas a afectar Área Natural Protegida, vas afectar especies protegidas y entonces tu proyecto no pasa”. Y no ha sido así hasta el momento. Esa experiencia con el anterior megaproyecto es lo que nos mantiene alerta con este otro megaproyecto, y que generó que nos organizáramos tantos colectivos, frentes, movimientos y ciudadanos».

El día de ayer representantes de organizaciones ciudadanas en defensa de la bahía de La Paz mantuvieron un conversatorio, invitados por la Brigada Para Leer en Libertad. El tema: los posibles daños ambientales, sociales y económicos que generaría la entrada de megacruceros a la bahía y al golfo de California.

Esta participación es la más reciente de una serie de entrevistas en medios nacionales, que se han buscado con el objetivo de que el conocimiento del problema trascienda los límites de la política, las administraciones y las protestas locales.

Anteriormente estuvieron en el programa Momentum, de Rompeviento TV, En La Octava con Jésus Escobar y a la entrada de las oficinas de Semarnat, en Ciudad de México, donde la manifestación con consignas y carteles replicó las ya hechas en el malecón, exigiendo una negativa de las autoridades a la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por Aquamayan (ITM Group) para su proyecto en Pichilingue.

Al inicio del programa, la entrevistadora Daniela Campero de Para Leer en Libertad dijo una frase que ilustra gran parte del asunto en La Paz: «Los vamos a invitar a que nos acompañen a un tema que normalmente en la Brigada no tocamos, y es la defensa del territorio».

«La defensa del territorio» hace eco a las palabras del profesor Gilberto Piñeda Bañuelos en Momentum, cuando explica que «El gobierno del estado tiene a su mando una empresa paraestatal que se llama Administración Portuaria Integral (API) donde el accionista mayoritario es el gobierno del estado de Baja California Sur […] ¿Qué hizo el gobierno del PAN y el de Morena ahora? Avalar una pérdida de soberanía, porque han concesionado 63 mil metros cuadrados del territorio marino y submarino por espacio de 25 años con ampliación a otros 20 más. ¿Quién concesionó? El gobierno del estado a través de API».

En medio de las autoridades de Baja California Sur y de la empresa Aquamayan (ITM Group) se encuentra un proceso en apariencia sencillo de valoración por parte de Semarnat, que se ha convertido en un laberinto de cuatro pisos. Dentro, cabe la duda sobre la objetividad de Semarnat, que aprobó una MIA sembrada de carencias y ambigüedades respecto a manejo de residuos, dragado, amplitud, desaladora de agua y especies protegidas, y que deja fuera de discusión la contaminación de cruceros propiamente dicha.

En el conversatorio de Brigada Para Leer en Libertad, los ambientalistas Irina Trasviña, Aleks Aguila y Jannette Murillo expusieron una diversidad de posibles daños a la bahía por la ampliación del muelle Pichilingue y los cruceros, desde la intromisión de especies exóticas, la emanación de gases tóxicos y de aguas de lavado de las embarcaciones, como las consecuencias del dragado y el daño a especies protegidas, a manglares y a la calidad del aire.

Por lo anterior, Daniela Campero les pregunta que cómo es posible que luego de todas estas observaciones se tengan que seguir preocupando y movilizándose –los ciudadanos– para que un proyecto como éste no sea aceptado por Semarnat, a lo que Irina Trasviña responde:

«Como ciudadanía sudcaliforniana ya tenemos una muy mala experiencia con el megaproyecto de minería Los Cardones en sierra La Laguna […] En esa sierra desafortunadamente hay oro y plata. Entonces llega una transnacional y dice “yo tengo la concesión de esta zona, voy a extraer el oro”. Sometió su Manifestación de Impacto Ambiental y aunque se demostró de mil maneras que era un proyecto que no es viable, la Semarnat durante el sexenio de Peña Nieto lo autorizó de manera condicionada. ¿Entonces?».

«Si la Semarnat se hubiera apegado a derecho, –continúa Trasviña– este megaproyecto tendría que haberse rechazado. Actualmente estamos solicitando la reunión pública para el proyecto de Ampliación API-BCS, pero todavía no nos dan respuesta si habrá reunión pública, y encima de todo lo comentado aquí, suficiente para que la Semarnat ya hubiera rechazado el trámite, en marzo les pide información adicional.

«Si la Semarnat se estuviera apegando a derecho diría “aquí tú contravienes el Programa de Desarrollo Urbano de La Paz, vas a afectar Área Natural Protegida, vas afectar especies protegidas y entonces tu proyecto no pasa”. Y no ha sido así hasta el momento. Esa experiencia con el anterior megaproyecto es lo que nos mantiene alerta con este otro megaproyecto, y que generó que nos organizáramos tantos colectivos, frentes, movimientos y ciudadanos».