La diputada María Luisa Ojeda González, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en Baja California Sur, hizo un llamado urgente para la creación de registros estatales que identifiquen a deudores alimentarios, deudores alimentarios morosos y violentadores. La legisladora presentó el pasado jueves 26 de octubre una iniciativa de decreto para reformar diversas leyes, con el objetivo de garantizar la implementación efectiva de la Ley 3 de 3 en el estado.

La propuesta de la diputada Ojeda González implica reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Asistencia Social, la Ley de la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En su intervención, la legisladora subrayó la necesidad de que las mujeres cuenten con la certeza de que ningún violentador, agresor sexual, o deudor alimentario moroso las represente en futuras contiendas electorales.

A pesar de que la constitución ya contempla impedimentos para ocupar cargos de elección popular y designación en cargos públicos, la falta de un Registro Nacional o local de responsables de delitos sexuales ha dejado un vacío legal. La diputada destacó la urgencia de crear estos registros para asegurar la aplicación efectiva de las reformas conocidas como Ley 3 de 3, que busca evitar que deudores alimentarios y personas agresoras sexuales ocupen cargos públicos.

La legisladora hizo hincapié en los desafíos identificados durante un foro con el Instituto Estatal Electoral (IEE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral (TEE). En este encuentro, se alertó sobre la carencia de un registro que obstaculiza la implementación de la Ley 3 de 3. Ojeda González propuso la creación de un banco nacional y estatal de información sobre casos de violencia contra las mujeres para superar este obstáculo.

La propuesta de la diputada, asignada a las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, así como de la Salud, la Familia y la Asistencia Pública e Igualdad de Género, implica adiciones y modificaciones a varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, propone la expedición de un Acuerdo General para la creación del Registro Estatal de Deudores Alimentarios y el Registro Estatal de Responsables de Delitos contra la Libertad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, con sus respectivos reglamentos para su correcto funcionamiento.

La diputada María Luisa Ojeda González insta a la pronta atención y aprobación de su propuesta legislativa, destacando la importancia de estas medidas para garantizar la seguridad y representación justa de las mujeres en el ámbito político y social en Baja California Sur.