El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó una iniciativa que de aprobarse reduciría de 50 años a 15 años como máximo las concesiones a las compañías mineras, mediante la reforma a las leyes Minera, de Aguas Nacionales y de Equilibrio Ecológico. Además, no se podría prorrogarse más de una ocasión y de acuerdo a la disponibilidad de agua, con previa consulta a las comunidades en donde se fuese a realizar, para evaluar su impacto social.
«Se reduce la duración y la prórroga de las concesiones mineras. Disminuye de 50 a 15 años el término de la concesión, prorrogable por una sola ocasión hasta por un lapso igual, sujeto al cumplimiento de obligaciones, lo cual disminuirá la especulación de particulares con los recursos de la nación», menciona la iniciativa.
El presidente asegura que el objetivo se concentra en la recuperación en la gestión de los recursos minerales e hídricos de la nación.
Las concesiones sólo serían mediante concurso público bajo condiciones que aseguren el mayo beneficio para la población y el Estado. Así mismo plantea mecanismos para evitar la sobreexplotación del agua: «a fin de evitar la sobreexplotación y contaminación del recurso hídrico, la concesión de agua para uso específico de minería quedará sujeta a la disponibilidad de agua y tendrá una duración de cinco años con posibilidad de prórrogas por igual tiempo».
Otro de los potenciales candados que tendría esta propuesta es que se establecería que ni la explotación, ni exploración ni beneficio de los minerales o sustancias justificarán la expropiación en beneficio de los particulares.
Como actualmente se hace o debería hacerse, quienes obtengan las concesiones deben presentar un estudio de impacto ambiental en donde se explique pormenorizadamente el impacto de la actividad minera tanto en los recursos como en las comunidades donde pretenda llevar a cabo.
Además, «Se transforma la figura de la asignación para que la persona titular de la secretaría pueda otorgar asignaciones a las empresas del sector público paraestatal para realizar actividades de exploración y explotación de minerales y sustancias; la asignación tendrá una vigencia por tiempo indefinido y la entidad asignataria tendrá las mismas obligaciones que la concesionaria, pero no podrá transmitir sus derechos y obligaciones a terceras personas privadas».
Por su parte la Cámara Minera de México (Camimex) considera esta iniciativa como perniciosa para el sector minero y bienestar social, y que al revisar las propuestas están seguros que serán tema de una amplia discusión y análisis.
Por último, resta aun la palabra de las comunidades en donde se asentarían estoy proyectos, que han significado objeto de lucha y manifestación en diversas partes del país, como en Baja California Sur.