Christian Agúndez Gómez, presidente de la Comisión de la Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, informó que se han enviado al Congreso 51 cuentas públicas atrasadas, algunas de 2020, pero señaló que lo importante es que se identifique bien en qué se ha utilizado los gastos públicos, como lo marca la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Recordó que conforme al marco normativo la comisión remite las cuentas a la Auditoria Superior del Estado (ASE BCS) para revisar y fiscalizar tanto la aplicación del presupuesto como de las obras públicas.

La Auditoría, dijo, deberá rendir informes en los meses de junio, julio, un segundo informe en noviembre y un tercer informe en febrero para que la comisión rinda un informe final al Pleno en octubre de 2023, lapso en el que la Auditoría BCS habrá remitido observaciones a los entes y estos habrán contado con un periodo para subsanarlas.

La mesa directiva ha turnado alrededor de treinta cuentas públicas de diferentes entes gubernamentales –sólo en las últimas sesiones– a la Comisión Permanente de Vigilancia de Auditoria Superior del Estado que preside el diputado Christian Agúndez.

Fueron turnadas las cuentas del Gobierno del Estado, del Ayuntamiento de La Paz; del Sistema estatal DIF, de los organismos operadores de agua de Los Cabos, Mulegé y de La Paz, así como de los institutos estatal electoral y de cultural estatal.

También turnaron las cuentas públicas anuales de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución; de los fideicomisos de turismo estatal, de Comondú y Mulegé y de los fideicomisos de administración, inversión, y fuente de pago para obras de infraestructura social turístico y equipamiento urbano de los municipios de La Paz, Loreto, Comondú y Mulegé.